Presunto fraude al Estado
Qué pasó con los fondos que Trimarco nunca rindió en Córdoba
21/03/2019 | 10:53 |
De la Sota le había otorgado $ 2.400.000 para la sede local de la fundación. En Tucumán, debe explicar qué hizo con $5,6 millones que recibió de CFK.
La Justicia Federal busca a Susana Trimarco, la presidenta de la Fundación María de los Ángeles, para que explique qué sucedió con el anticipo de $5,6 millones (entonces 418 mil dólares) que recibió del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner para ejecutar obras públicas.
Entre otros cuestionamientos legales, Trimarco tiene su historial de subsidios no rendidos en Córdoba. En 2012, el por entonces gobernador José Manuel de la Sota le entregó $2,4 millones, en varias cuotas, para que llevara adelante su lucha contra la trata.
La rúbrica del convenio contemplaba un subsidio no reintegrable para la fundación, cuyo objetivo principal era la prevención, protección, asistencia integral y búsqueda de la erradicación de la trata.
La sede en Córdoba de la fundación –en Caseros al 800– ya no funciona. (Foto: Archivo La Voz)
Pero –según publicó el diario La Voz–, el monto de la ayuda no apareció en el Boletín Oficial y en la Secretaría de Trata desconocían que la fundación recibiera subsidios de manera regular.
En abril de 2016, el gobierno de Juan Schiaretti frenó los pagos a la ONG, ante la falta de rendiciones y la construcción de un refugio para víctimas de trata, que no se realizó.
La joven que en Argentina es un símbolo doloroso de la esclavitud sexual, salió de su casa camino a una farmacia un ahora lejano 3 de abril de 2002, fue secuestrada aparentemente por hombres que circulaban en un auto rojo y, engullida por las intrincadas redes de trata de personas, desapareció dejando apenas unos pobres rastros que no permitieron hallarla.
En diciembre de 2014, dos demandas laborales promovidas por ex empleadas de la fundación en Córdoba sumaron dudas. Aseguraban haber sido maltratadas y luego despedidas, tras sortear una serie de irregularidades.
Excepto estos dos casos laborales, en Córdoba no hay ninguna causa judicial para determinar en qué se usaron los dos millones de pesos.