Ordenaron reabrir la causa contra Alejandra Gils Carbó

La Cámara Federal porteña ordenó reabrir una causa contra Alejandra Gils Carbó por nombramientos irregulares de fiscales "ad hoc" o subrogantes, en tanto que un fiscal pidió investigar a la Procuradora General de la Nación y al juez federal Sebastián Casanello por el supuesto encubrimiento del empresario Lázaro Báez en la investigación por lavado de dinero.

La decisión de reabrir la causa contra Gils Carbó fue resuelta por la Sala I de la Cámara Federal al revocar una decisión del juez federal Casanello, quien había considerado que los nombramientos de la Procuradora no constituían delito, y es en el marco de una denuncia realizada por el senador de la UCR Mario Cimadevilla.

Casanello había archivado la denuncia pese a que el fiscal federal Guillermo Marijuan había impulsado una investigación, en la que a Gils Carbó se le achacaba el nombramiento irregular de varios subrogantes o "ad hoc".

El más cuestionado es el de Carlos Gonella, titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a raíz de que en una primera intervención en la causa por lavado de dinero decidió no imputar al empresario Lázaro Báez.

Al mantener la apelación de Marijuan, el fiscal de Cámara Germán Moldes consideró que se debían llevar a cabo una investigación y criticó que Casanello la haya archivado sin antes practicar ninguna medida.

Por otra parte, el fiscal federal Gerardo Di Massi imputó a Gils Carbó y al juez Casanello en el marco de una denuncia que hizo la diputada Elisa Carrió, quien acusó a la jefa de los fiscales y al magistrado de encubrir a Báez en la investigación por lavado de dinero.

La denuncia de Carrió contra Casanello sobrevino luego que éste se negara a practicar un allanamiento pedido por Marijuan de una baulera en la localidad bonaerense del Tigre, en donde se sospecha se ocultó documentación de "La Rosadita", la financiera de Puerto Madero vinculada al caso de lavado de dinero.

Además, le reprochó el haberse declarado incompetente en investigar la denuncia que ella hizo por la existencia de una supuesta bóveda en la chacra de Báez en Río Gallegos, la que giró en principio a Santa Cruz.

Asimismo, la acusación que hizo Carrió contra Gils Carbó y Gonella es por la intervención que tuvo el Ministerio Público al comienzo de la investigación contra Báez.

Di Massi le pidió al juzgado federal Marcelo Martínez Di Giorgi que requiera copia de la causa por lavado de dinero que tiene a cargo Casanello.

Gils Carbó no pudo "zafar"

El diputado porteño Julio Raffo, de Proyecto Sur, dijo a Cadena 3 que la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, fue imputada ayer, luego de haber sido sobreseída por la designación de fiscales "ad hoc" que no pasan por el acuerdo del Senado.

“Como ella hizo algo contrario a la ley, incurrió en un delito, entonces, ya aparentemente había zafado; y la Cámara tomó la apelación y dijo que está mal sobreseída y que hay elementos para seguir investigando”, explicó.

El legislador señaló, además, que “la procuradora recibe instrucciones directas de la Presidenta de la Nación, para procurarse impunidad en casos como el de Lázaro Báez y Skanska”.

“Lo cierto es que su situación es muy incómoda, porque la Cámara dice que no está sobreseída, y la investigación queda a cargo del juez de la causa”, apuntó.

Raffo también indicó que la creación de la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) es “totalmente irregular”.

“Llama la atención que en la causa contra Báez, el empresario no esté imputado”, agregó.