Escándalo estatal
14/05/2019 | 10:18 |
La Justicia de Corrientes ordenó al intendente de Mburucuyá que informe las razones por las que mantiene precarizados a los cuatro concejales opositores desde hace 2 y 4 años.
La Justicia de Corrientes ordenó al intendente del departamento de Mburucuyá, Pablo Guastavino, que informe las razones por las que mantiene precarizados a los cuatro concejales opositores desde hace 2 y 4 años en un escándalo por irregularidades que desató una investigación judicial.
Los cuatro concejales opositores de esta ciudad, tres justicialistas y uno del partido Renovador, están "en negro", sin obra social ni aportes jubilatorios, desde que asumieron en 2015 y 2017, sin lograr que el Ejecutivo local, en manos de ECO-Cambiemos, escuche sus reclamo de "blanqueo".
Bajo apercibimiento, la jueza en lo Contencioso Administrativo, María Gabriela Romero Feris, le dio al jefe comunal un plazo de ocho días para que informe las razones por las que se niega a registrar a los opositores con los aportes a la obra social Ioscor y la caja de jubilaciones IPS.
Se trataría de una "discriminación política" que desencadena una investigación judicial por las irregularidades de funcionario público que ello implica, consideró la magistrada en la intimación enviada al municipio correntino.
"La Justicia comenzó a investigar al intendente Guastavino, que es parte de un clan familiar que persigue a opositores, ya que se niega a regularizarnos cometiendo una grave irregularidad de funcionario público", explicó el concejal peronista Gustavo Aromí en declaraciones a la prensa.
Según afirmó el dirigente del PJ, "la Municipalidad tiene la obligación de declarar ante la AFIP el alta de todo su personal, pero el intendente no lo hace porque se maneja con impunidad como parte de su clan familiar que no tiene ninguna cuenta en orden en Mburucuyá".
Y agregó: "El clan Guastavino ya tuvo otros problemas con la Justicia porque en 2018 la Cámara en lo Contencioso y Administrativo de Corrientes condenó al intendente a presentar balances de cuentas de años anteriores y la planilla de trabajadores de la Comuna".
Ahora, la Justicia vuelve a poner la lupa sobre la gestión municipal por una medida cautelar iniciada por los concejales Aromí, Marcelo Romero, Mario Soto y Franco Cáceres.
"Esta vez, Guastavino suma otro hecho vergonzoso porque su gestión hace que el Municipio de Mburucuyá ni siquiera regularice los aportes de los concejales, además de otras deudas y cuentas negras que se investigan", expresó Aromí.
Mburucuyá está ubicada a 148 kilómetros al oeste de la capital provincial y tienen alrededor de 10.000 habitantes.