La Justicia del caos y el viva la pepa del gas

El fallo de un juez que en la tarde del lunes habilitó el viva la pepa en las facturas del gas es tentador: dan ganas de interpretarlo como prueba irrefutable de la inviabilidad social de la Argentina, con un Estado plagado de profesionales del enredo.

En este caso, el juez federal de la ciudad bonaerense de Dolores, Alejo Ramos Padilla, decidió habilitar el no pago de las facturas del gas (para cualquier tipo de consumo) por tres meses, con la excusa de que en ese plazo largo como la Cordillera el Ministerio de Energía pueda responder a los planteos formulados por una ONG, la Asociación de Consumidores Argentinos (ACA). Es un magistrado alentando a los ciudadanos a incumplir contratos ¿Se enterará el Consejo de la Magistratura?

Linaje militante

Se sabía que, aún antes de atravesar el trámite del Congreso, plagado de legisladores siempre tentados por la demagogia tarifaria que dejó al país sin autoabastecimiento energético, los aumentos del gas destinados a reducir los subsidios y el déficit fiscal iban a encallar en los juzgados, sobre todo los escriturados a nombre de Justicia Legítima.

El juez en cuestión es Alejo Ramos Padilla. Es el mismo que ejerció como subrogante del juzgado de Bahía Blanca cuando allí se nombraron irregularmente empleados a instancias de la exprocuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó y se durmieron las investigaciones sobre una usina de facturas truchas usadas por las empresas del empresario K Lázaro Báez.

Tras el inicio de esa investigación el entonces juez subrogante Santiago Ulpiano Martínez fue removido y reemplazado por Ramos Padilla, mientras el entonces titular de la Afip, Ricardo Echegaray, cerraba la dirección regional de la Afip en Bahía Blanca y desplazaba a quienes investigaban las facturas.

Ramos Padilla, designado en 2011 por Cristina Fernández, fue también el juez que volteó el decreto con que Mauricio Macri designó a Carlos Rosenkrantz y a Horacio Rosatti en la Corte, ad referendum del Senado.

Su hermano, Juan Martín Ramos Padilla, fue secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires durante la gestión de Daniel Scioli. Y después fue director de Radio Caput cuando ese medio se hizo famoso por ser el lugar en que el extribuno de la Corte Eugenio Zaffaroni expresó su deseo golpista de que el gobierno de Mauricio Macri se fuera “lo antes posible, porque así haría menos daño”. Los hermanos son hijos de Juan Ramos Padilla, juez de cámara federal de la Ciudad de Buenos Aires. Todo un linaje militante.

Buenismo tarifario

En su fallo, el juez ordena que, por 90 días, "todas las prestatarias del servicio de gas del país se abstengan de llevar adelante cualquier corte o suspensión del servicio de gas como consecuencia de la falta de pago".

Y lo justifica en un argumento tan buenista como abstracto: para “garantizar elementales situaciones vinculadas al acceso a este servicio público y -de este modo- proteger a los sectores más vulnerables que se pudieron haber visto afectados por el posible actuar ilegítimo del Estado".

No es lo que había pedido ACA. La ONG había solicitado la reversión del último aumento tarifario porque, a su entender, el Ministerio de Energía fijó un precio para el gas antes de su ingreso al sistema de transporte, quitándole así su carácter de precio desregulado.

Por ende, según ACA, debe hacerse una audiencia pública que el Ministerio no hizo. Para el Ministerio el precio del gas está desregulado y lo único que se hizo fue un acuerdo con los productores para… bajarlo. Si no fuera por eso, el precio sería muy superior, según el argumento oficial.

El juez prefirió no detenerse en detalles. Y puso una bomba (vendrán más) a la única política con la cual se intenta reducir el déficit fiscal que está en la base de la inflación y que llevó a la última crisis cambiaria.

Alguien debería explicarle a los jueces varias cosas. Primero, que la inflación generada por el combo de subsidios enloquecidos e inflación es mucho más dañina para los “sectores vulnerables” que el costo del gas.

Segundo, que en el gas existe la tarifa social, que abarca a un tercio de los consumidores y donde, precisamente, el fluido sigue siendo fuertemente subsidiado.

Y tercero, lo más importante: mucho peor que los “sectores vulnerables” que reciben gas en las ciudades están los argentinos que no tienen gas residencial, ni caro ni barato, porque 14 años de subsidios irracionales hicieron que Argentina dejara de producir gas y de expandir gasoductos y redes de distribución porque no había cómo financiar todo eso.

En esos mundos se vive a leña, garrafa y querosén. Y todo eso es mucho más caro que los precios demagógicos que una magistratura de facciosos sueña perpetuar con el único fin de alimentar el caos.