Concejo Deliberante de Córdoba
02/05/2019 | 19:09 |
Los ediles modificaron el Código de Ética para ejercer cargos en el Estado municipal. También adhirieron a la Ley Micaela sobre capacitación en el tema en los tres poderes. Lo impulsó el bloque Vamos.
El Concejo Deliberante de Córdoba aprobó este jueves un proyecto que prohíbe ejercer funciones en el Estado municipal a las personas condenadas por violencia de género.
Por unanimidad, los ediles respaldaron la iniciativa del bloque Vamos, que consiste en una modificación en el Código de Ética para ocupar cargos públicos.
La norma establece que "toda persona condenada mediante sentencia judicial firme por delitos vinculados con la violencia de género no podrá ejercer función pública en el Estado municipal".
Por otra parte, los ediles sancionaron por unanimidad la adhesión a la Ley Nacional 27.499, conocida como "Ley Micaela", que obliga a capacitar sobre género a todos los que integren los tres poderes del Estado.
El edil David Urreta fundamentó: “Es un tercer proyecto referido a violencia de género. Si bien no acompañamos la ordenanza de taxis y remises, que especificaba que quien tenga delitos en violencia de género no debía tener una chapa patente, con más razón quienes tienen denuncias por violencia de género y cumplen una función en el Estado municipal. No es neutro que quien atienda al vecino no nos importe qué cualidades tenga. Quien perciba un salario público no debe tener una sentencia firme en violencia de género”.
Por su parte, la concejal Eugenia Reales agregó: “Leyendo el Estatuto del empleado municipal, existía una ordenanza, la 12.466, impulsada por una concejal oficialista que decía que no debían tener una sentencia los empleados y nos pareció que debía ser para toda la planta municipal que no haya funcionarios sentenciados con violencia de género. Velar por una protección clara de los derechos de las mujeres es una política de Estado”.