Zonas Frías: advierten por un "tarifazo inminente y acumulativo"

La posible eliminación del régimen de Zonas Frías encendió la alarma entre usuarios y asociaciones de defensa del consumidor en Rosario y el sur santafesino. La Cámara de Diputados de la Nación debate una reforma impulsada por el gobierno nacional que modificaría la ley 27.637, vigente desde 2021, y que actualmente otorga subsidios en las tarifas de gas a localidades incluidas dentro de las zonas de bajas temperaturas. De aprobarse, unos 380 mil hogares del departamento Rosario perderían ese beneficio.

La advertencia fue realizada por Clara Ramírez, integrante del Observatorio de Servicios Públicos, quien aseguró que el impacto en las facturas podría ser “muy importante y preocupante”. Según explicó, el aumento no solo estaría relacionado con la quita del subsidio, sino también con cambios en el esquema de cálculo tarifario. “Estamos frente a un tarifazo inminente y acumulativo”, sostuvo en diálogo con Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario.

Actualmente, la ley alcanza a ocho departamentos del sur de Santa Fe: Rosario, San Lorenzo, Constitución, Iriondo, Caseros, General López, San Martín y Belgrano. En total, alrededor de 550 mil usuarios provinciales reciben descuentos que van del 30 al 50% en las boletas de gas. La iniciativa del Ejecutivo nacional propone eliminar ese esquema para 1,2 millones de hogares del país y argumenta que permitiría un ahorro fiscal superior a los 272 mil millones de pesos.

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Ramírez explicó que el nuevo esquema genera incertidumbre porque todavía no está definido cómo se recalculará el valor del metro cúbico ni el impacto final sobre las facturas. “El 50% sería la base del aumento, pero podría ser incluso superior”, advirtió. También cuestionó la falta de precisiones sobre el costo real del gas en boca de pozo, uno de los componentes clave para definir las tarifas.

Desde el Observatorio señalaron además que la medida podría judicializarse si avanza en el Congreso. Recordaron como antecedente el fallo CEPIS, dictado por la Corte Suprema en 2016, que estableció que las tarifas de servicios públicos deben ser “justas, razonables y no confiscatorias”. Según Ramírez, el nuevo esquema podría llevar a que muchas familias destinen una parte excesiva de sus ingresos al pago de servicios esenciales.

La dirigente también vinculó la discusión tarifaria con el contexto económico actual y advirtió sobre el riesgo de profundizar la denominada “pobreza energética”. “No puede suceder que una familia tenga que destinar gran parte de sus ingresos solo para pagar servicios públicos”, sostuvo. En ese sentido, insistió en que la quita de subsidios impactaría especialmente sobre los sectores medios y vulnerables.

Mientras el proyecto continúa en debate legislativo, asociaciones de consumidores y entidades vinculadas a la defensa de usuarios ya analizan posibles presentaciones judiciales y gestiones ante el Senado para intentar frenar la reforma. El tema genera fuerte preocupación en Rosario y el sur provincial, donde miles de hogares podrían enfrentar subas significativas en sus facturas de gas en pleno invierno.

Entrevista de Hernán Funes.