YPF, Burford y la Procuración: una causa judicial con ribetes penales

La causa judicial por la estatización de YPF atraviesa un momento crítico tras la sospecha de filtraciones de información desde la Procuración del Tesoro hacia los fondos buitres que exigen al Estado argentino una indemnización millonaria.

Esta situación derivó en una reestructuración interna que implicó la salida de cerca de 60 empleados, generando un clima de incertidumbre y preocupación dentro del Gobierno y complicando la estrategia de defensa en el juicio que se sigue en Nueva York.

Ricardo Paz Herrera, abogado y accionista minoritario de YPF, calificó la causa como “una saga de cuestiones penales que supera el derecho de fondo”. En diálogo con Radioinforme 3 por Cadena 3 Rosario, destacó que “la defensa argentina intentó trasladar el juicio a Argentina, pero la jueza Preska desestimó esa estrategia y ordenó el pago a los demandantes”.

Para Paz Herrera, la prioridad ahora es probar que “la demanda y la condena están fundamentadas en hechos fraudulentos y ocultaciones”, lo que abriría una puerta para revertir la sentencia.

Desde 2013, Paz Herrera presentó denuncias ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), aportando más de 2.000 documentos que dan cuenta del vaciamiento y encubrimiento en la gestión de YPF. Según explicó, “esa semilla ya está sembrada con investigaciones criminales en Estados Unidos, lo que puede ser un elemento clave para la defensa argentina”.

También aclaró que las empresas Peterson son las demandantes directas, mientras que el fondo Burford financió el juicio con la expectativa de recibir la mayor parte del beneficio.

Un hecho que genera expectativas es la intervención reciente del Departamento de Justicia de Estados Unidos como amicus curiae en apoyo a la apelación argentina en la Corte de Apelaciones de Nueva York.

Paz Herrera consideró que “es una buena señal, pero no será definitoria, ya que la justicia americana suele mantener su jurisdicción en casos vinculados a empresas que cotizan en sus bolsas”. La batalla legal, sostuvo, “seguirá siendo compleja y de largo aliento”.

En Argentina, la sospecha de filtraciones puso en alerta al Gobierno y derivó en una reestructuración dentro de la Procuración del Tesoro, con la salida de decenas de empleados.

“Cuando tenés al enemigo en casa, uno se preocupa”, advirtió Paz Herrera, subrayando que la fuga de información “podría haber beneficiado a los fondos buitres”. El ajuste oficial busca mejorar la eficiencia, pero también evitar que se repitan filtraciones que puedan perjudicar la defensa estatal.

“El Estado argentino debe ventilar y probar que estamos frente a un fraude al tribunal, con encubrimiento y colusión entre demandantes y demandados”, concluyó Paz Herrera.

Entrevista de Verónica Maslup, Ramiro Porchietti y Sergio Berensztein.