Venta de droga y motos robadas: cinco imputados tras allanamientos en Pueblo Andino

Cinco personas fueron imputadas este martes en los Tribunales Provinciales de San Lorenzo por su presunta participación en una estructura dedicada a la venta de estupefacientes bajo la modalidad de microtráfico en Pueblo Andino. La investigación, encabezada por el fiscal Diego Giro, sostiene que la actividad se habría desarrollado al menos desde mayo de 2026 y hasta el pasado 1° de octubre, cuando se realizaron varios allanamientos y fueron detenidos los sospechosos.

En la audiencia, el fiscal atribuyó distintos niveles de participación a Pablo T., Gianela A., Morena F., Fernando T. y Natalia T.. Según la hipótesis de la Fiscalía, Pablo T. habría tenido un papel central en la organización, encargado de coordinar la actividad, controlar los distintos puntos de venta, abastecerse de estupefacientes y supervisar el dinero obtenido mediante las operaciones. Para los investigadores, además, era quien impartía instrucciones a quienes realizaban las ventas y reclamaba posteriormente la rendición de la recaudación, tanto en efectivo como a través de transferencias.

El resto de los acusados habría cumplido diferentes funciones dentro de esa estructura. Gianela A., hermana de Pablo T., es señalada como una de las personas que coordinaba las ventas y las entregas, además de mantener comunicación con otros integrantes y participar personalmente de algunas operaciones. Según la investigación, también habría intervenido en el manejo del dinero y utilizado su alias bancario para recibir parte de los pagos.

Morena F. habría actuado principalmente como vendedora, manteniendo contacto con compradores y coordinando las entregas. La Fiscalía sostiene que también reunía el dinero y los comprobantes de transferencias para luego entregarlos a Pablo T. o Gianela A. Cuando no había droga disponible, habría derivado a los compradores hacia otros vendedores.

En el caso de Fernando T., hermano de Pablo y Gianela, se le atribuyen tareas vinculadas con la venta y entrega de estupefacientes, además del manejo del teléfono utilizado para coordinar las operaciones. De acuerdo con la acusación, realizaba entregas en domicilios o lugares previamente acordados, recibía el dinero y posteriormente lo rendía a los responsables de la organización. También habría colaborado en el fraccionamiento y preparación de las dosis destinadas a la venta.

Natalia T., madre de los tres hermanos, habría tenido un rol relacionado principalmente con el uso de su vivienda para guardar y fraccionar la droga. Para la Fiscalía, la presencia en ese domicilio de una balanza y de 31 recortes de nylon constituye uno de los elementos que deben ser valorados junto con el resto de las pruebas reunidas.

La investigación se apoyó, según se expuso durante la audiencia, en tareas realizadas por personal de Prefectura Naval Argentina, intervenciones telefónicas y distintos elementos obtenidos durante los procedimientos. 

También se incorporó como antecedente el secuestro de 135 gramos de cocaína ocurrido el 14 de mayo pasado, en un procedimiento en el que fue detenida una mujer identificada como Natalia Q. La Fiscalía considera que ese episodio debe ser analizado junto con las demás evidencias para reconstruir el funcionamiento de la presunta red.

Los allanamientos del 1° de octubre aportaron otros elementos considerados relevantes para la investigación. En una vivienda de calle Ricardo Andino al 300, vinculada a Pablo T., fueron encontrados $515.200 en efectivo, 100 dólares, documentación y una motocicleta Corven Triax 250 cc que tenía un pedido de secuestro vigente. También se halló una Honda Wave.

En el domicilio de calle 3, entre Sarmiento y Rivadavia, donde se encontraba Gianela A. junto a otras personas, entre ellas Fernando T. y Pablo T., los investigadores secuestraron teléfonos celulares, siete cartuchos calibre 32 y $545.900. Allí también encontraron varias motocicletas, entre ellas una KTM Duke 250 cc que registraba un pedido de secuestro y una Benelli 135 cuyas numeraciones identificatorias habían sido suprimidas.

En la vivienda vinculada a Natalia T., ubicada en calle Potalivo, entre Los Pinos y la Ruta Provincial 26S, se encontró una balanza de precisión y los 31 recortes de plástico. Mientras que en el domicilio relacionado con Morena F., en la zona de Los Robles y Nicolás D'Eramo, fue secuestrado un picador que contenía una sustancia que dio resultado positivo para cocaína y otra compatible con marihuana. La primera arrojó un peso neto de cero gramos y la segunda alcanzó los 0,5 gramos.

En ese último procedimiento también fueron secuestradas dos motocicletas Honda Wave: una tenía pedido de secuestro y la otra presentaba sus numeraciones limadas.

Además de la investigación por la venta de drogas, la Fiscalía atribuyó a algunos de los acusados hechos relacionados con motocicletas de presunta procedencia ilícita. A Pablo T. se le atribuye haber adquirido, recibido u ocultado una KTM Duke 250 con pedido de secuestro por un robo ocurrido el 31 de julio de 2026 y una Corven Triax 250 cc buscada desde un robo denunciado en marzo de 2023.

A Gianela A. se le atribuye un hecho similar relacionado con la Benelli 135 encontrada en el domicilio de calle 3, mientras que Morena F. quedó vinculada a una Honda Wave 110 cc que tenía sus numeraciones suprimidas. En ambos casos, la Fiscalía sostiene que los vehículos habrían sido recibidos u ocultados con conocimiento de su procedencia ilícita.

Tras la audiencia, el juez Carlos Gazza dispuso la prisión preventiva de Pablo T. por seis meses. Los otros cuatro imputados permanecerán en libertad, aunque sujetos a una serie de restricciones hasta el 3 de febrero de 2027: deberán fijar domicilio, presentarse cada 15 días en la comisaría correspondiente, no podrán ingresar a Pueblo Andino ni salir de la provincia sin autorización judicial, y tendrán prohibido poseer drogas o armas. Además, se estableció una prohibición absoluta de contacto y acercamiento entre ellos.

La investigación continúa y la Fiscalía deberá avanzar ahora en la incorporación y análisis de las pruebas reunidas para determinar el grado de responsabilidad que le corresponde a cada uno de los imputados. La acusación formulada en la audiencia no implica una condena: la culpabilidad deberá ser determinada por la Justicia a lo largo del proceso.