Tras filtraciones del 911, controlan vínculos personales en las fuerzas

El Gobierno de Santa Fe resolvió aplicar un nuevo sistema de control sobre los vínculos personales y sociales de quienes integran o aspiren a ingresar a la Policía provincial y al Servicio Penitenciario, luego de la reciente detención de una suboficial acusada de filtrar información del 911 a su pareja detenida.

La medida fue formalizada este martes por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y alcanza tanto a efectivos activos como a aspirantes, cadetes y personal en comisión. El protocolo busca detectar “relaciones familiares, sociales o comerciales que puedan comprometer la función o afectar la confianza pública en las fuerzas de seguridad”.

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Las inspecciones estarán a cargo de las áreas de Coordinación Técnica, Seguridad Pública y Asuntos Penales, y se enfocarán en evaluar el entorno actitudinal de cada agente, es decir, si el contexto personal del funcionario resulta compatible con la responsabilidad de portar un arma, custodiar detenidos o manejar información sensible.

El caso que precipitó la medida fue la detención de la suboficial María R., quien se encontraba con licencia por maternidad y está acusada de haber enviado imágenes o datos del sistema 911 a su pareja detenida. La investigación judicial reveló un posible vínculo indebido que encendió alertas dentro del Ministerio.

Cococcioni firmó la resolución estableciendo que toda práctica anterior contraria al nuevo protocolo queda sin efecto, salvo expresa contraorden superior. El documento fue girado con copia al gobernador Maximiliano Pullaro y a todas las áreas del ministerio con competencia en materia de seguridad.

Desde la cartera explicaron que la iniciativa se enmarca en una estrategia de depuración institucional y fortalecimiento del control interno, que ya viene avanzando en otras áreas del sistema: talleres, logística, suministro de combustibles y relaciones con personas privadas de libertad.

En los próximos días, las áreas implicadas deberán presentar los criterios operativos y procedimientos específicos para aplicar el nuevo protocolo en todo el territorio provincial.