Subinspector de la Policía de Santa Fe fue imputado por fraude con combustible

El subinspector Juan M.H. (46) fue imputado este martes como presunto partícipe en un millonario desvío de fondos públicos destinados a combustible de la Unidad Regional II de la Policía de Santa Fe.

El juez Gustavo Pérez de Urrechu decretó su prisión preventiva hasta el 11 de noviembre, medida que también mantuvo para otros dos altos oficiales tras rechazar sus apelaciones: el comisario supervisor Rodrigo D. (exjefe de la Secretaría Privada) y el comisario Gerardo R. (jefe de Garage).

/Inicio Código Embebido/

La trama

Según la fiscalía a cargo de José Luis Caterina, los acusados –entre ellos 14 policías en activo y cuatro directivos de la estación de servicio "Gas Auto Tiferno S.A."– habrían defraudado al Estado mediante dos métodos:

- Sobreprecios: facturación de litros no cargados en móviles de la UR-II (incluidos el Escuadrón de Caballería y la Brigada Motorizada).

- Cargas "fantasma": tickets por suministros nunca realizados, avalados con firmas de oficiales como el subinspector Juan H. o el inspector Mario B.

- Las irregularidades salieron a la luz al cotejar los tickets con los registros del GPS del Sistema 911, que demostraron que algunos vehículos ni siquiera estuvieron en la estación de Av. Ovidio Lagos 3900 en las fechas consignadas.

Libertades con condiciones

Tras una audiencia de segunda instancia, el tribunal liberó a ocho imputados –entre ellos la empresaria Mónica B. (presidenta de Tiferno) y los policías Nanci P. y Franco C.–, aunque con prohibición de contacto con otros involucrados y entrega de pasaportes.

/Inicio Código Embebido/

En prisión quedaron solo tres: además de Rodrigo D. y Gerardo R., el inspector Juan V., acusado de falsificar rendiciones del combustible destinado a la Brigada Motorizada.

La fiscalía imputó delitos de peculado, defraudación agravada y falsedad ideológica, señalando que los fondos desviados superaban los $250 millones. Los policías habrían recibido "retornos" de la empresa a cambio de validar las facturas apócrifas.

La investigación comenzó en 2024 tras anomalías en el sistema de tarjetas Visa Flota, que –contra el protocolo– eran retenidas por los oficiales en lugar de estar en los vehículos.