Santa Fe avanza con la "ficha limpia" para contrataciones públicas

La provincia dio media sanción a un proyecto que impedirá ser proveedores del Estado a personas, empresas, mutuales o cooperativas con antecedentes por delitos de corrupción. La iniciativa, impulsada por la diputada Lionella Cattalini, apunta a reforzar los controles y garantizar mayor transparencia en el uso de los recursos públicos.

La propuesta establece que, antes de cualquier adjudicación o licitación, los organismos estatales deberán verificar que los oferentes no tengan condenas por delitos vinculados a la corrupción. Este requisito alcanzará a sociedades comerciales, organizaciones civiles y personas físicas que pretendan proveer bienes o servicios a la administración provincial.

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“Hay una demanda clara de la sociedad de terminar con los privilegios y con la corrupción. Lamentablemente, Argentina tiene una larga tradición de proveedores y funcionarios que se han enriquecido ilícitamente en operaciones con el Estado”, señaló Cattalini. La legisladora aclaró que la medida “no inventa nada raro ni genera mayor burocracia: simplemente incorpora un control previo para adjudicar una licitación”.

El proyecto también busca “resguardar a los honestos, a quienes hacen bien las cosas y cumplen la ley, que son la inmensa mayoría de empresarios, mutualistas y cooperativistas que contratan con el Estado”, agregó la diputada.

Con esta iniciativa, Santa Fe apunta a un modelo de contratación pública más riguroso y transparente, que fortalezca la confianza ciudadana en las instituciones. El texto ya fue girado al Senado para su tratamiento definitivo.