La reforma constitucional de Santa Fe redefine el sistema judicial provincial

La Convención del 25 aprobó cambios estructurales en el sistema judicial de Santa Fe. La reforma constitucional amplía la Corte Suprema a siete miembros con paridad de género, crea el Ministerio Público autónomo y eleva a rango constitucional la Defensoría del Pueblo. Todos los cargos tendrán límites de edad y procedimientos de selección transparentes.

La novena sesión de la Convención estableció que los ministros de la Corte, fiscales y defensores serán designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo legislativo, previo concurso público con participación ciudadana. Se crea un Consejo Asesor de Selección técnico para garantizar idoneidad en los nombramientos.

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El nuevo Ministerio Público tendrá autonomía funcional y financiera, dividido en Fiscalía (persecución penal) y Defensoría (asistencia jurídica gratuita). 

Ambos órganos estarán dirigidos por titulares designados por cinco años con posibilidad de reelección única.

La reforma incluye la creación de un Tribunal de Enjuiciamiento para juzgar a magistrados y miembros del Ministerio Público, compuesto por representantes de múltiples poderes con procedimientos públicos y oralidad.

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Las cláusulas transitorias establecen un plazo de dos años para la adecuación normativa y garantizan la continuidad de los actuales funcionarios hasta cumplir los nuevos requisitos. 

La reforma busca modernizar el sistema judicial con mayor transparencia, independencia y representatividad.