Procesaron por lavado de activos a "Lelo" Pérez, el exnovio rosarino de Vicky Xipolitakis

El Juzgado Federal Nº 3 de Rosario procesó por lavado de activos a Leandro David “Lelo” Pérez, el empresario rosarino que años atrás tomó notoriedad nacional por su relación sentimental con la mediática Vicky Xipolitakis. La resolución considera que existen elementos suficientes para sospechar que, desde 2017, intervino en una extensa operatoria destinada a dar apariencia lícita a bienes presuntamente provenientes de actividades vinculadas con el narcotráfico.

La medida también alcanzó a su hijo, Agustín Leandro Pérez; a su socio Marcelo Eduardo Malatesta; y al expolicía santafesino Maximiliano Emanuel Novillo. Los cuatro fueron considerados autores del delito de lavado de activos de origen delictivo. En el caso de Novillo, además, se aplicó la figura agravada por su condición de funcionario público al momento de las maniobras investigadas.

Uno de los datos de mayor impacto es la cantidad de vehículos involucrados. La imputación enumera 46 adquisiciones realizadas mediante Transporte Overland SRL: dos terrenos y 44 rodados, entre camionetas, automóviles, camiones, furgones, tractores y motos de alta gama. A eso se suman otros tres vehículos atribuidos directamente a la esfera de administración de Pérez: una Ford Ranger, una RAM 1500 Laramie y una Toyota Hilux.

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Entre los bienes aparecen numerosas Volkswagen Amarok y Ford Ranger, tres Ranger Raptor, una Ford F-150 Raptor, camiones Mercedes-Benz y Volkswagen, una Toyota Hiace, una Ford Territory y varias motocicletas BMW y KTM. Algunos rodados fueron valuados individualmente por encima de los 300 salarios mínimos y un tractor Volkswagen 19.360 HR alcanzó el equivalente a 411,71 salarios mínimos.

La investigación también puso la lupa sobre un importante patrimonio inmobiliario. Pérez figura vinculado a propiedades en Alvear al 1300, Valparaíso al 2300 y avenida Pellegrini al 3800; mientras que las sociedades bajo análisis registran un departamento en las Torres Aqualinas, un campo de 8.439 metros cuadrados en una zona rural de Rosario y terrenos ubicados en avenida Avellaneda, Rueda y Fraga.

Otro punto central es el Edificio Nélida 1, situado en avenida Pellegrini 3864. Según la resolución, Lelo Pérez y su hijo Agustín habrían administrado sus departamentos con fines de comercialización. Sólo una de las unidades fue valuada en el equivalente a 1.465 salarios mínimos y, en una conversación incorporada al expediente, se mencionó un precio de venta de 320 mil dólares.

El tribunal analizó especialmente tres empresas vinculadas con Pérez: Araca Corazón SRL, Palabra Santa SRL y Transporte Overland SRL. Esta última aparece como la estructura utilizada para adquirir y hacer circular buena parte de los bienes investigados. La firma incorporó al menos 18 vehículos durante 2024, pese a que los informes contables señalaron que no tendría capacidad patrimonial suficiente para afrontar semejante flota.

Las inconsistencias económicas también fueron consideradas relevantes. Transporte Overland declaró ventas netas por casi 22,9 millones de pesos en 2022, mientras que los vehículos incorporados ese año totalizaron más de 58,2 millones. Además, informó ingresos por alquileres de casi 24,3 millones en 2022, 21,3 millones en 2023 y 119,7 millones en 2024, sin que pudiera determinarse con claridad qué inmuebles generaron esas sumas.

La causa comenzó en octubre de 2022 a partir de información de la Dirección de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación. La pesquisa incluyó escuchas telefónicas, reportes de ARCA, análisis de la Unidad Forense Contable contra el Narcotráfico de la Policía Federal y antecedentes reunidos por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos. Para el tribunal, los acusados no exhibían perfiles económicos compatibles con la magnitud de los bienes registrados o administrados.

La resolución fue dictada por el Juzgado Federal Nº 3 de Rosario, a cargo de Carlos Vera Barros, en el expediente conocido como “Lelo y otros”. El pedido de procesamiento fue impulsado por Matías Scilabra, fiscal federal a cargo de la regional NEA de la Procuraduría de Narcocriminalidad, y Juan Argibay Molina, fiscal federal coadyuvante a cargo de la Delegación Rosario de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos.

Vera Barros mantuvo, además, el criterio adoptado previamente: Pérez transitará el proceso en libertad, como habían pedido sus abogados Carlos Varela y Adrián Martínez.

Con información de Hernán Funes.