“Nos da un respiro”: la Justicia frenó la disolución de Vialidad Nacional

La decisión judicial que suspendió la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad abrió un nuevo capítulo en el conflicto entre el Gobierno y los trabajadores del organismo. El fallo de la jueza Martina Forns, del fuero contencioso administrativo federal de San Martín, ordenó frenar por seis meses los efectos del decreto 461, que había sido dictado por el presidente Javier Milei el pasado 8 de julio.

La resolución judicial, en respuesta a un amparo presentado por organizaciones gremiales, impide que se ejecuten reubicaciones, cesantías o cualquier tipo de modificación estructural derivada del decreto. "Nos da un viejo de esperanza", celebró Fabián Catanzaro, secretario general de la Federación de Personal de Vialidad Nacional, en diálogo con Radioinforme 3 de Cadena 3 Rosario.

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Catanzaro explicó que el decreto generó un estado de incertidumbre total dentro del organismo: "Ni siquiera las autoridades de Vialidad sabían cómo proceder", aseguró. El dirigente sindical destacó que no se definió qué organismo heredaría las funciones ni qué ocurriría con los trabajadores, lo que dejó a los empleados en un limbo legal y operativo.

Desde febrero, los trabajadores vienen reclamando una definición clara. “La disolución es la culminación de un proceso de vaciamiento que arrancó con el freno absoluto de la obra pública. Esto afectó tanto las obras nuevas como el mantenimiento diario de rutas”, advirtió Catanzaro. Pese a los recortes, en varias provincias el personal continúa cumpliendo tareas mínimas de mantenimiento con recursos limitados.

El gremialista remarcó la gravedad de la situación al señalar que actualmente se está sosteniendo, con mucho esfuerzo, el operativo invernal en el sur del país y en los pasos fronterizos como el Cristo Redentor, por donde circulan más de 1.500 camiones diarios. "Hacemos lo que podemos, pero las condiciones son muy precarias", lamentó.

En paralelo, el Gobierno anunció un nuevo esquema de concesiones viales que abarcaría unos 9.100 kilómetros, principalmente en la zona núcleo del país. Sin embargo, según Catanzaro, no hay definiciones sobre qué ocurrirá con los más de 33.000 kilómetros restantes de rutas nacionales. “Hay regiones donde no hay negocio para el privado, y sin la presencia del Estado, esos caminos van a quedar abandonados”, alertó.

Desde el sindicato no se oponen al trabajo conjunto con el sector privado, pero insisten en que el Estado debe garantizar la conectividad en todo el país. “No es solo tapar baches. Vialidad Nacional también diseña políticas viales y articula con cada provincia a través del Consejo Federal. La red vial es clave para la producción y la integración regional”, afirmó el dirigente.

Catanzaro concluyó que la cautelar judicial les da aire para continuar la lucha por la vía legislativa y judicial. “Queremos que se derogue el decreto porque es inconstitucional y porque atenta contra la infraestructura estratégica de un país que depende casi exclusivamente del transporte por ruta”, cerró.

Entrevista de Verónica Maslup, Ramiro Porchietti y Sergio Berensztein.