Matías Merlo asumió como Fiscal Regional de Rosario

Este lunes al mediodía, Matías Sebastián Merlo juró como nuevo Fiscal Regional de la Segunda Circunscripción Judicial en un acto realizado en el Salón de Actos de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, en la ciudad de Rosario. Había sido confirmado por la Asamblea Legislativa a fines de julio en la capital provincial.

La ceremonia contó con la presencia de la Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich, y de autoridades judiciales y provinciales.

Merlo cuenta con una amplia trayectoria en el sistema judicial santafesino. Fue fiscal en la Unidad Fiscal de Melincué y, hasta este nombramiento, se desempeñaba como Fiscal Regional de la Tercera Circunscripción Judicial y como Fiscal Interventor en el Distrito Rosario.

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Su asunción al frente de la Fiscalía Regional 2 se da en un contexto de reorganización interna del MPA, con el objetivo de reforzar la estructura judicial en una de las zonas más complejas de la provincia.

Durante el acto también prestaron juramento nueve fiscales adjuntas y adjuntos que, tras superar el primer concurso interno en la historia del MPA para este tipo de cargos, fueron designados como fiscales titulares subrogantes para el sur provincial. Las nuevas designaciones corresponden tanto a la Segunda como a la Tercera Circunscripción Judicial y se enmarcan en el proceso de fortalecimiento institucional del Ministerio Público.

Desde la Fiscalía General se confirmó que este martes continuará el proceso con la toma de juramento a otros cinco fiscales titulares subrogantes designados para las Fiscalías Regionales 1, 4 y 5. 

Además, en fecha aún no determinada, prestarán juramento los 39 fiscales adjuntos subrogantes seleccionados a través del concurso convocado por el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Santa Fe.

La incorporación de nuevos funcionarios y funcionarias al sistema de justicia penal provincial responde a una política institucional de jerarquización de la carrera fiscal, impulsada por el MPA con criterios de transparencia y meritocracia, en busca de mejorar la respuesta del Estado frente al delito.