Provincia
29/03/2026 | 12:41
Redacción Cadena 3 Rosario
A tres días de abierta la inscripción, la subasta de bienes incautados al delito organizada por el Gobierno de Santa Fe ya suma más de 1.500 personas registradas para participar del remate previsto para el 16 de abril en Rosario.
Según datos oficiales, los inscriptos provienen de 17 provincias, lo que refleja el alcance de la convocatoria a nivel nacional. El evento se realizará en el Salón Metropolitano y pondrá a disposición alrededor de 150 lotes, entre vehículos, motos y otros bienes, incluyendo por primera vez una aeronave.
La iniciativa es impulsada a través de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), con el objetivo de administrar y disponer de bienes provenientes de causas judiciales.
Desde el Gobierno provincial señalaron que los fondos obtenidos en estas subastas se destinan a políticas públicas, reparación a víctimas y fortalecimiento institucional.
El secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, indicó que el nivel de inscriptos refleja la participación en este tipo de procesos, y destacó que se realizan controles previos para garantizar condiciones de transparencia.
La inscripción para participar continúa abierta hasta el 7 de abril a través del sitio oficial de la provincia, donde también se detallan los requisitos y condiciones para acceder al remate.
Como en ediciones anteriores, los vehículos que resulten adjudicados recibirán nuevas patentes, con el fin de desvincularlos de sus anteriores propietarios.
¿Qué evento se está organizando? Se está organizando una subasta de bienes incautados al delito.
¿Quién organiza la subasta? La subasta es organizada por el Gobierno de Santa Fe.
¿Cuándo se llevará a cabo la subasta? La subasta está prevista para el 16 de abril.
¿Dónde se realizará el evento? El evento se realizará en el Salón Metropolitano de Rosario.
¿Por qué se realiza esta subasta? Se realiza para administrar y disponer de bienes provenientes de causas judiciales y destinar fondos a políticas públicas.
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