Las falsas alarmas al 911 bajaron 30% tras la nueva ley en Santa Fe

A poco más de cinco meses de la entrada en vigencia de la nueva Ley de Seguridad Privada, el Gobierno de Santa Fe informó una reducción del 30 % en las llamadas al sistema de emergencias 911 vinculadas a alarmas privadas sin incidentes reales.

Según datos oficiales, hasta fines de mayo de 2025 se habían registrado 48.610 comunicaciones de este tipo, mientras que en el mismo período de 2026 la cifra descendió a 32.951. La diferencia representa 15.659 llamados menos y una menor demanda sobre los recursos operativos de las fuerzas de seguridad.

Desde la Provincia señalaron que la disminución de las intervenciones asociadas a falsas alarmas permitió reforzar la capacidad de respuesta ante situaciones reales de emergencia y mejorar la disponibilidad de patrulleros en las calles.

El subsecretario de Emergencias 911, Pablo Polito, sostuvo que la normativa impulsada por el Gobierno santafesino tuvo un impacto directo en la operatividad policial. Según indicó, la reducción de llamados innecesarios contribuyó a una utilización más eficiente de los recursos destinados a la prevención y atención de emergencias.

Además, el funcionario destacó una mejora en los tiempos de respuesta del sistema. De acuerdo con los registros oficiales, el promedio pasó de 7 minutos y 15 segundos durante 2025 a 6 minutos y 15 segundos en junio de 2026.

Por su parte, la subsecretaria de Articulación y Enlace con el Sector Privado, Karina Chumpitaz, señaló que la implementación de nuevos procedimientos de verificación por parte de las empresas de monitoreo permitió una mayor eficiencia en la derivación de alertas al sistema de emergencias.

La Ley de Seguridad Privada fue aprobada por la Legislatura santafesina en noviembre de 2025 y reemplazó una normativa vigente desde 1991. Entre sus objetivos se encuentran la regulación de la actividad de las empresas del sector, la reducción de la informalidad y la incorporación de mecanismos de control y supervisión.

Uno de los puntos centrales de la legislación fue la implementación de protocolos obligatorios para verificar las activaciones de alarmas antes de informar los hechos al 911. La medida buscó disminuir las falsas alertas que, según estimaciones oficiales, representaban cerca del 30 % de las intervenciones policiales y, en la mayoría de los casos, no requerían ninguna actuación al llegar al lugar.

Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad indicaron que los resultados obtenidos hasta el momento muestran una reducción de llamados improcedentes y una mejora en la coordinación entre los sistemas de seguridad pública y privada.