La Corte de Santa Fe cederá espacios en el anexo de Tribunales al MPA

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe dispuso poner a disposición del Ministerio Público nuevos espacios físicos en la ciudad de Santa Fe para fortalecer el funcionamiento del sistema judicial. La decisión fue adoptada durante el Acuerdo Ordinario celebrado el 23 de junio y contempla la cesión del sexto piso del edificio Anexo del Palacio de Justicia, ubicado sobre avenida General López 2761, además del edificio donde actualmente funciona el Fuero Laboral santafesino, en Peatonal San Martín 2651.

Según informó el máximo tribunal provincial, la superficie total que podría ser destinada al Ministerio Público ronda los 4.000 metros cuadrados. La medida se sustenta en estudios arquitectónicos realizados por el Poder Judicial, que determinaron la viabilidad de asignar esos espacios para futuras adecuaciones y necesidades operativas del organismo.

La resolución también ratifica un ofrecimiento previo realizado por la Corte al Ministerio Público respecto del edificio que hoy ocupan los Tribunales y Juzgados Laborales de Santa Fe. Dicho inmueble quedará disponible una vez que esas dependencias sean trasladadas al nuevo edificio Anexo del Poder Judicial, en el marco de un proceso de reorganización de espacios judiciales.

Finalmente, la Corte Suprema invitó a los representantes del Ministerio Público a abrir una instancia de diálogo para avanzar en la implementación de la medida y definir las adaptaciones necesarias. El objetivo, señalaron desde el tribunal, es garantizar mejores condiciones para la prestación del servicio de justicia y continuar evaluando futuras necesidades de infraestructura.

Como antecedente, la decisión de la Corte se produce tras una controversia abierta a comienzos de este año. En febrero, el máximo tribunal había dispuesto que el nuevo edificio Anexo de Tribunales, cuya inauguración está prevista para el 30 de junio, se destinaría prioritariamente a concentrar dependencias del Poder Judicial actualmente dispersas en distintos inmuebles. Esa resolución generó cuestionamientos tanto del Ministerio Público de la Acusación como del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, que recordaron que el proyecto original contemplaba espacios específicos para ambos organismos.

 La fiscal general María Cecilia Vranicich expresó su rechazo al cambio de criterio al considerar que alteraba una planificación de más de una década, mientras que la defensora general Estrella Moreno Robinson sostuvo que ya se habían realizado tareas de planificación e inversiones sobre los espacios asignados previamente.