Juicio a un jefe narco que aterrorizó barrio Ludueña: Fiscalía pide 46 años

Este lunes comenzó en Rosario el juicio oral contra Jonatan A., señalado como uno de los organizadores de una asociación ilícita que sembró el terror en los barrios Ludueña y Empalme Graneros entre 2021 y 2023. El fiscal solicita una pena de 40 años que, unificada con una condena previa, ascendería a 46 años de prisión efectiva. El tribunal, integrado por las juezas Lorena Aronne, Paola Aguirre y el juez Lisandro Artacho, deberá determinar la responsabilidad del acusado en una megacausa que ya dejó 36 condenados.

El fiscal Pablo Socca imputa a Jonatan A. una batería de delitos que incluyen asociación ilícita agravada por la participación de menores, extorsiones consumadas y en grado de tentativa, amenazas coactivas calificadas, usurpación, homicidio en grado de tentativa, tenencia ilegal de arma de fuego de guerra y abuso de armas. Por estos crímenes, el representante del Ministerio Público solicita una pena de 40 años de prisión efectiva, que sumada a una condena previa del Tribunal Oral Federal elevaría la cifra a 46 años de encierro.

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Según la acusación, la organización funcionó al menos desde julio de 2021 y continúa activa en la actualidad. Su objetivo era ocupar y dominar sectores de Rosario, principalmente Ludueña y Empalme Graneros, desplazando a bandas rivales para asegurar el control de actividades ilícitas como la venta de estupefacientes, las extorsiones a comerciantes y vecinos, y las usurpaciones de viviendas.

La asociación ilícita operaba con una estructura jerárquica bien definida: los líderes, Matías C., Andy B. y Julián A., impartían órdenes desde la Unidad Penitenciaria N° 11 de Piñero, donde se encontraban detenidos, utilizando teléfonos celulares para coordinar extorsiones, ordenar atentados y planificar la logística del narcotráfico. La banda funcionaba como una célula de una organización criminal de mayor envergadura, con ramificaciones en otros territorios.

La Fiscalía describe a Jonatan A. como el "gerente" de la organización, un eslabón fundamental en la cadena de mando. Sus tareas incluían la distribución de estupefacientes a los vendedores callejeros, el control de la recaudación —para lo cual utilizaba máquinas contadoras de billetes y cuadernos con anotaciones—, la custodia de armas de fuego y municiones, y la organización de las extorsiones.

También era el encargado de seleccionar a las personas que ocupaban las viviendas usurpadas, convertidas en "bunkers" para la venta de droga o en aguantaderos de la banda. El acusado transmitía personal o telefónicamente las amenazas a las víctimas, ya fueran comerciantes o vecinos, y participaba activamente en la planificación de ataques a tiros, disponiendo de un grupo de colaboradores que le respondían directamente y ejecutaban las órdenes.

Uno de los episodios más graves atribuidos a Jonatan A. ocurrió entre julio y octubre de 2021 contra un vecino de Ludueña. La víctima sufrió una seguidilla de intimidaciones que incluyeron disparos contra su vivienda, contra su automóvil y finalmente contra su propia humanidad, cuando un sicario le efectuó un disparo en la pierna. Las amenazas, realizadas vía WhatsApp por el propio acusado, tenían como finalidad que la familia abandonara su hogar.

Finalmente, la vivienda fue usurpada por personas designadas por la organización. Otro hecho investigado involucra una extorsión perpetrada en mayo de 2022, cuando Jonatan A. y otros miembros de la banda exigieron a un comerciante el pago de $100.000 y la entrega de su vehículo Ford Fiesta, bajo amenazas de muerte y tras efectuar disparos contra su domicilio. El automóvil fue posteriormente asegurado por la pareja del acusado y secuestrado en un allanamiento.

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La organización también apuntó contra el sistema judicial. En agosto de 2022, Jonatan A. y otros integrantes planificaron una serie de intimidaciones dirigidas a dos fiscales del Ministerio Público de la Acusación, con el objetivo de obstaculizar las investigaciones en curso.

Los amedrentamientos incluyeron el arrojo de panfletos amenazantes en la sede de la Agencia de Investigación Criminal, en el Hospital de Niños Zona Norte, en un centro municipal y en la sede de un canal de televisión. Una de las amenazas fue atribuida a Jonatan A. tras una pericia papiloscópica que identificó su huella dactilar en uno de los panfletos.

En agosto de 2022, personal policial allanó la vivienda de Jonatan A. en calle French al 1300, donde se secuestró una pistola Taurus calibre 9 mm con su cargador y municiones, dos cajas de cartuchos, una máquina contadora de billetes, cuadernos con anotaciones vinculadas a la venta de estupefacientes y una importante suma de dinero en efectivo, tanto en pesos como en dólares.

La investigación reveló además que la organización contaba con la participación de familiares y parejas de los principales acusados. Nadia L., ex pareja de Jonatan A., ocultaba armas y dinero en su vivienda; Brenda A., pareja de Oscar R., registraba la venta de drogas y guardaba la recaudación. Ambas ya fueron condenadas.

En total, 36 personas recibieron sentencias por su participación en esta asociación ilícita. Entre ellas, Matías C. fue condenado a 20 años de prisión; Andy B. y Julián A., a 20 años cada uno; Oscar R., a 12 años; Mauro G., a 9 años; y Sergio B., a 8 años. Las penas abarcan desde prisión efectiva hasta condicionales, dependiendo del rol de cada implicado en la estructura criminal.

El debate oral se extenderá en las próximas semanas, con la presentación de pruebas testimoniales, documentales y periciales que buscarán confirmar el rol de Jonatan A. como uno de los cabecillas de esta organización.

La Fiscalía confía en que la evidencia reunida permitirá acreditar su participación en cada uno de los hechos imputados y lograr la pena máxima solicitada. Mientras tanto, el barrio Ludueña y Empalme Graneros, escenario de disputas violentas entre bandas, espera que la justicia ponga un cierre definitivo a una de las estructuras criminales más sangrientas de los últimos años en Rosario.