Indagaron al juez Salmain por supuesto cohecho y maniobras ilícitas

La Justicia Federal avanzó este martes con la indagatoria al juez federal N°1 de Rosario, Gastón Salmain, acusado de integrar una estructura destinada a direccionar una causa judicial y habilitar la salida al exterior de USD 10 millones. El procedimiento —realizado por Zoom desde las 10.30— fue ordenado por el juez federal N°4, Carlos Vera Barros, a pedido de los fiscales federales Federico Reynares Solari y Matías Scilabra de la Unidad Fiscal Rosario; Diego Velasco y Juan Argibay Molina de la PROCELAC; Sergio Rodríguez, fiscal nacional de Investigaciones Administrativas; y Esteban Venditti, de la PIA. En la misma causa ya habían sido indagados los empresarios Fernando Whpei y Santiago Busaniche. Salmain negó los hechos y se negó a responder preguntas.

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Según la imputación, el trío habría conformado una instancia asociativa dedicada a cometer delitos entre septiembre de 2023 y abril de 2024, con el objetivo de manipular un expediente radicado en el Juzgado Federal N°1 para beneficiar operaciones vinculadas a Attila Fideicomisos SRL, Grupo Unión SA y Lancers SA. De acuerdo con los fiscales, Whpei aportó influencia y capacidad económica, mientras que Busaniche actuó como operador dentro del expediente. A cambio de direccionar el proceso, Salmain y Busaniche habrían solicitado el 10% de la diferencia entre el dólar oficial y el dólar blue al momento de la operación —unos USD 200.000—.

La investigación reconstruye encuentros previos entre el magistrado y Whpei, incluyendo una reunión del 2 de septiembre de 2023 en el despacho de Salmain, donde el empresario habría entregado el escrito inicial y recibido aval técnico sobre su presentación. Luego, el juez emitió una serie de decretos y resoluciones entre noviembre y diciembre de 2023 que, según la acusación, permitieron avanzar de manera irregular con una medida cautelar favorable a los intereses económicos de los particulares involucrados. Entre las resoluciones cuestionadas figuran la admisión de la demanda, el traslado al Banco Central y el rechazo de recursos interpuestos por la entidad.

La maniobra comenzó a desarticularse tras la corrida cambiaria del 13 de diciembre de 2023, cuando —de acuerdo con la hipótesis fiscal— Salmain y Busaniche buscaron incrementar el porcentaje inicialmente pactado. Ese quiebre derivó en amenazas cruzadas y, finalmente, en que el propio magistrado remitiera el expediente al Ministerio Público Fiscal el 26 de abril de 2024, presentando los hechos como una presunta estafa procesal atribuida a Whpei. Para los investigadores, ese giro formó parte de un intento por desligarse de la operatoria previa.

En esta etapa, el Ministerio Público Fiscal considera que existen elementos suficientes para imputar a los tres involucrados por formar parte de una asociación ilícita y por su presunta participación en delitos de cohecho, incumplimiento de deberes de funcionario público y prevaricato, encuadrados en los artículos 210, 248, 257 y 269 del Código Penal. Los fiscales sostienen que la evidencia permite afirmar que actuaron de manera coordinada, con permanencia en el tiempo y con el fin común de concretar un plan criminal orientado a manipular decisiones judiciales con impacto económico millonario.