Embargaron a una desarrolladora por edificio que debía terminar en 2025

La Justicia de Rosario ordenó un embargo por 170 millones de pesos sobre un desarrollo inmobiliario que aún no fue iniciado, luego de que una compradora denunciara incumplimiento en la entrega de un departamento adquirido de pozo en 2022. La medida alcanza al terreno donde se proyecta el edificio y fue dispuesta para resguardar el monto reclamado en el marco de una demanda por daños y perjuicios.

La abogada patrocinante de la clienta, María Soledad González, explicó en Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario los detalles de la demanda: “Mi clienta compró un departamento en octubre de 2022, con entrega prevista para marzo del año pasado. Ni siquiera se había iniciado la obra”, detalló. Según relató, antes de acudir a la Justicia intentaron llegar a un acuerdo, pero la propuesta empresarial era reintegrar únicamente el capital abonado, sin contemplar actualización ni indemnización.

González sostuvo que la desarrolladora argumentó que la demora obedecía a retrasos en la obtención de permisos municipales. Sin embargo, tras una investigación incorporada al expediente judicial, se comprobó que los trámites fueron solicitados recién el año pasado. “Cuando reclamamos el incumplimiento, ellos lo reconocen, pero alegan demoras administrativas. Con la documentación oficial se acreditó que eso no era así”, afirmó.

La letrada también indicó que, al revisar los planos presentados ante la Municipalidad, detectaron diferencias respecto del contrato original. “El departamento vendido era de un dormitorio, de más de 40 metros cuadrados, y en los planos figura un monoambiente. Es decir, hubo una variación del objeto del contrato”, señaló. La compradora había abonado la unidad al contado, aprovechando el menor valor que suelen tener las operaciones de pozo.

El embargo por 170 millones de pesos recae sobre el inmueble —actualmente un terreno— donde se proyecta el edificio. Esto implica que, si la construcción avanzara y se subdividieran las unidades, no podrían escriturarse mientras la medida continúe vigente. “El problema lo pueden tener también quienes hayan comprado o compren ahora, porque el embargo pesa sobre todo el inmueble”, advirtió González.

La demanda incluye además el reclamo por daños y perjuicios, ya que la clienta tenía previsto destinar el departamento a vivienda propia y debió continuar afrontando gastos de alquiler. El proceso tramita bajo el fuero civil en el marco de la ley de Defensa del Consumidor, un procedimiento más abreviado que otros juicios ordinarios. Mientras tanto, el conflicto suma interrogantes sobre la situación del emprendimiento y la eventual existencia de otros compradores afectados.

Entrevista de Hernán Funes.