El juez Bailaque presentó un descargo mientras el Ejecutivo evalúa su renuncia

El juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, presentó este martes un descargo por escrito ante la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, que lo había citado para declarar en el marco del artículo 20 del Reglamento —una instancia comparable a una indagatoria judicial. Mientras tanto, el Gobierno analiza si acepta su renuncia, presentada la semana pasada y aún bajo evaluación del Ministerio de Justicia.

La comisión del Consejo volverá a reunirse el próximo jueves y podría emitir un dictamen recomendando el inicio de un juicio político. Si el Poder Ejecutivo acepta la dimisión antes de que ese dictamen avance, el proceso quedaría interrumpido.

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Bailaque tenía previsto presentarse este martes a las 10 de la mañana, pero finalmente optó por hacer su defensa por escrito. A las 9:50, sus abogados entregaron el documento ante el Consejo, según pudo confirmar este medio.

En su descargo, el magistrado rechazó todas las imputaciones en su contra, en particular aquella que lo vincula con Esteban Alvarado, uno de los líderes del narcotráfico en Rosario. “No tengo ni tuve vínculo alguno, directo o indirecto, con narcotraficantes. Jamás intervine para favorecer a personas investigadas por narcotráfico, algo inconcebible en una ciudad como Rosario, tan golpeada por la violencia relacionada con el tráfico de drogas”, sostuvo en su escrito.

Cabe recordar que, a fines de abril, la Justicia rosarina ordenó su prisión preventiva, pero la medida no se concretó debido a que Bailaque posee fueros. Más adelante, la Cámara Federal le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria.

Actualmente, el juez está imputado en tres causas penales. En una de ellas, se lo acusa de haber armado una investigación contra dos financistas con el objetivo de extorsionarlos y obtener un soborno. En ese expediente declaró como arrepentido Carlos Vaudagna, exdirector regional de la AFIP (ARCA) en Rosario y Santa Fe.

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Según la investigación, la maniobra se habría iniciado en 2019 con una supuesta auditoría administrativa en la AFIP contra el agente de bolsa Jorge Oneto y el empresario Claudio Iglesias. Posteriormente, una denuncia anónima permitió que interviniera el juzgado federal. El propósito, de acuerdo con la causa, era presionar a los empresarios para exigirles dinero a cambio de frenar las investigaciones. Además, se señala que detrás de la maniobra había un conflicto interno por el control de la empresa aseguradora San Cristóbal, donde Iglesias aspiraba a un cargo ejecutivo.

Vaudagna confesó que los financistas finalmente pagaron 160 mil dólares como coima, y reveló que la extorsión fue acordada en una reunión en la casa de Bailaque, en la que también participó el empresario Fernando Whpei, hoy detenido.

En el escrito presentado al Consejo de la Magistratura, Bailaque negó de manera categórica cualquier participación en los hechos investigados.