Declararon emergencia rural en tres departamentos del norte santafesino

Las lluvias intensas de abril dejaron su impacto en el norte de Santa Fe y forzaron la activación de medidas de emergencia para productores agropecuarios. Con más de 1,3 millones de hectáreas afectadas por excesos hídricos, la situación golpea tanto a cultivos como a la actividad ganadera en una amplia franja de la provincia.

Las zonas más comprometidas se ubican en los departamentos Vera, 9 de Julio y General Obligado, además de áreas del cinturón hortícola de la ciudad de Santa Fe. En esos territorios, los registros de precipitaciones superaron los promedios históricos y generaron anegamientos que complicaron la producción.

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Entre los cultivos más afectados aparecen la soja y el algodón, mientras que en ganadería el problema se concentra en campos bajos, donde el agua acumulada limita el movimiento y la alimentación del rodeo. En esos distritos se calcula un impacto sobre unas 430.000 cabezas.

Frente a este escenario, se dispuso la declaración de emergencia y desastre agropecuario, con vigencia entre abril y fines de septiembre. La medida habilita una serie de alivios fiscales para los productores alcanzados, entre ellos la postergación de vencimientos del Impuesto Inmobiliario rural y urbano. En los casos más críticos —aquellos que obtengan la categoría de desastre— se prevé directamente la condonación total del tributo correspondiente a 2026.

Además, se contempla la posibilidad de que quienes ya hayan abonado cuotas reciban compensaciones o devoluciones a través de créditos fiscales, una herramienta que busca amortiguar el impacto económico de las pérdidas.

Para acceder a estos beneficios, los productores deberán tramitar un certificado específico dentro de los plazos establecidos, que se extienden hasta fines de junio. El alcance final de la asistencia dependerá del nivel de afectación que se verifique en cada caso.

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En paralelo, también se puso en marcha un registro destinado a ordenar recursos disponibles en situaciones críticas, como campos para traslado de hacienda, provisión de alimentos y servicios de transporte. La iniciativa apunta a mejorar la capacidad de respuesta ante contingencias climáticas que, en los últimos años, se repiten con mayor frecuencia en la región.

Mientras tanto, en las zonas afectadas el foco sigue puesto en la evolución del agua y en las posibilidades de recuperar parte de la producción en los próximos meses.