Condenaron a cuatro gendarmes en Rosario por robo y abuso de autoridad

Cuatro integrantes de Gendarmería Nacional fueron condenados por delitos cometidos durante un operativo irregular realizado en Rosario en julio de 2025. La resolución fue dictada este martes por el juez federal con funciones de garantía, Román Lanzón, quien homologó acuerdos de juicio abreviado entre el Ministerio Público Fiscal (MPF) y las defensas de los acusados.

El principal condenado es el gendarme Santiago Hernán Romero, quien recibió dos años y seis meses de prisión condicional e inhabilitación especial por cinco años como coautor de abuso de autoridad y hurto agravado por la participación de funcionarios públicos, además de autor del delito de coacciones.

Según la investigación encabezada por el fiscal federal Federico Reynares Solari, Romero y otros tres efectivos —Alejandro David Pacheco, Carla Cecilia Santillán y Diego Emanuel Torales— detuvieron sin justificación a una familia que circulaba en auto por las calles Bouchard y Servellera, en el norte de Rosario. El hecho ocurrió el 22 de julio de 2025, cerca de las 22.45.

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De acuerdo con el expediente, los gendarmes obligaron a un hombre, su pareja y sus dos hijos pequeños a descender del vehículo y lo requisaron pese a no existir motivo legal para hacerlo. Durante el procedimiento, sustrajeron dinero que se encontraba en el interior del automóvil y luego se retiraron del lugar en la camioneta oficial.

Las víctimas denunciaron el hecho poco después en un puesto de Gendarmería ubicado en Sorrento y Cullen. Más tarde, reconocieron a los cuatro uniformados cuando estos se presentaron en la base de la fuerza en el Club Sparta.

En el caso de Romero, además, se le atribuyó haber intentado amedrentar a las víctimas, ofreciéndoles devolver el dinero si desistían de la denuncia.

Los otros tres gendarmes —Pacheco, Santillán y Torales— también fueron condenados en un acuerdo abreviado a dos años de prisión condicional e inhabilitación especial por cuatro años por los delitos de abuso de autoridad y hurto agravado.

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Como parte del fallo, los cuatro deberán cumplir reglas de conducta durante dos años, entre ellas fijar domicilio, someterse al control del patronato de liberados y mantener prohibición de contacto con las víctimas. Además, deberán pagar 50.000 pesos en concepto de reparación.

El caso comenzó en la justicia provincial, pero fue remitido al fuero federal en agosto tras una audiencia donde se declaró la competencia de este ámbito.