Condena firme para "coordinadora" de una saga de tiroteos vinculada a Los Monos

En un fallo que sella uno de los capítulos más oscuros de la violencia narco en Rosario, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a 20 años de prisión para Lucía Estefanía Uberti, identificada por la fiscalía como la coordinadora operativa de una serie de atentados contra edificios del Poder Judicial y domicilios de funcionarios en la ciudad.

La confirmación de la pena se produjo luego de que la propia Uberti y su defensor oficial decidieran retirar el recurso de queja que habían presentado ante el máximo tribunal, un movimiento inesperado que puso fin al proceso judicial. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti firmaron la resolución que aceptó el desistimiento y, con ello, dio carácter definitivo a la sentencia.

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Uberti fue condenada por su rol central en una "estructura clandestina" que, entre 2018 y 2021, ejecutó ataques con armas de fuego e intimidaciones. Su objetivo era claro: amedrentar al sistema judicial de Santa Fe como represalia por investigar y juzgar a integrantes de la banda de Los Monos, específicamente a Ariel Máximo "Guille" Cantero, uno de sus líderes, quien desde la prisión dirigía las operaciones mediante teléfonos celulares.

La fiscalía demostró que Cantero delegó la organización logística de los atentados en sus lugartenientes, y que estos, a su vez, estaban estrechamente vinculados a Uberti. Ella, según las pruebas, fue la encargada del planeamiento operativo y la coordinación de los sicarios que materializaron los disparos y ataques.

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La personalidad de Uberti quedó graficada en un mensaje de texto hallado en su teléfono, que se convirtió en una prueba emblemática del caso: "Yo les tenía miedo a los narcos y ahora les doy órdenes a ellos", escribió, revelando una inversión total de roles y su ascenso dentro de la jerarquía delictiva.

El Tribunal de Primera Instancia de Rosario la encontró culpable en septiembre de 2021 por una multiplicidad de delitos agravados: amenazas coactivas (por ser anónimas, usar arma de fuego y buscar amedrentar a funcionarios públicos), daño calificado (para impedir el libre ejercicio de la autoridad o por venganza) y extorsión agravada.

Un agravante crucial en varios de estos hechos fue la utilización de menores de 18 años para cometer los delitos, lo que aumentó la severidad de las penas. Uberti fue condenada no como autora material, sino como instigadora—la mente que planeaba y ordenaba los ataques.

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Aunque la fiscalía había pedido 24 años de prisión, la sentencia final fue de 20 años, la cual fue confirmada sucesivamente por la Cámara de Apelaciones de Santa Fe en 2022 y por la Corte Suprema de esa provincia en 2023, que había rechazado argumentos de la defensa basados en el cuidado de su hijo menor.

La última esperanza de la defensa era el recurso de queja ante la Corte Suprema nacional, donde alegaban violaciones al principio de inocencia y al debido proceso. Sin embargo, la retirada voluntaria de este recurso cierra definitivamente cualquier posibilidad de apelación.