Caso Fernández Bobbio: más de 100 preguntas para determinar qué ocurrió durante la operación

La investigación por la muerte de Jerónimo Fernández Bobbio, el joven jugador de rugby del CRAI que falleció luego de una intervención quirúrgica por una luxación esternoclavicular en el Hospital Italiano de Rosario, atraviesa una etapa clave. Una Junta Médica conformó un pliego con más de 100 preguntas destinadas a establecer qué ocurrió antes, durante y después de la operación y si hubo o no una actuación profesional ajustada a las reglas de la medicina. Las conclusiones, según las estimaciones que manejan las partes, podrían conocerse hacia fines de este año o comienzos de 2027.

Uno de los principales puntos de discusión planteados por la familia de Jerónimo está relacionado con el consentimiento informado. Los familiares sostienen que no conocían la gravedad del cuadro ni los riesgos reales que implicaba la intervención y aseguran que la operación había sido presentada por el médico a cargo como una cirugía de rutina. La cuestión resulta central porque, de confirmarse esa circunstancia, tanto el paciente como su familia podrían no haber contado con toda la información necesaria para evaluar alternativas como un tratamiento conservador.

Otro aspecto que genera cuestionamientos alrededor de la investigación es la conformación de la Junta Médica y, particularmente, la participación de los peritos. La defensa técnica del médico D.S., quien por el momento no se encuentra imputado, tiene como representante en la junta a Raúl Rodríguez, exdirector del Instituto Médico Legal de Rosario. Rodríguez, según documentación oficial, mantuvo durante años una relación jerárquica con el actual director del Instituto Médico Legal, Néstor Cabrejas, quien preside la Junta Médica.

Desde el entorno de la familia de Fernández Bobbio plantean que esa relación previa genera una situación incómoda que debería ser considerada. “La situación implica que la misma persona que hoy dirige el organismo pericial oficial tuvo como superior jerárquico directo durante años a quien ahora actúa como perito de parte de uno de los médicos investigados”, sostienen alrededor de la familia. El planteo pone bajo discusión la necesidad de garantizar la máxima independencia y transparencia en una instancia pericial que puede resultar determinante para el futuro de la investigación.

El médico que estaba a cargo de la cirugía es defendido técnicamente por una camarista penal jubilada de Rosario. Por el momento, ese profesional no está imputado y la Junta Médica deberá aportar elementos científicos para determinar si existieron errores, omisiones o decisiones médicas que pudieron haber tenido incidencia en el desenlace fatal. La investigación penal está a cargo de la fiscal Valeria Piazza Iglesias.

Entre las más de 100 preguntas que deberán ser respondidas por los especialistas aparecen cuestiones médicas particularmente relevantes. Una de ellas apunta a establecer cuál era exactamente el diagnóstico de Jerónimo y si la cirugía estaba correctamente indicada frente a la posibilidad de implementar un tratamiento conservador. También se deberá determinar si los estudios realizados antes de la intervención eran suficientes para prever el riesgo de una lesión de la arteria subclavia o del tronco braquiocefálico.

Otro interrogante fundamental es si, teniendo en cuenta las características de la intervención, correspondía que hubiera un cirujano vascular o cardiovascular disponible desde el comienzo de la operación. La Junta también deberá reconstruir en qué momento se produjo la lesión vascular y qué maniobra quirúrgica pudo haberla provocado. Se trata de aspectos técnicos que requieren el análisis minucioso de la historia clínica, los estudios previos y toda la documentación incorporada al expediente.

También deberá establecerse cómo fue manejada la hemorragia una vez que la lesión vascular fue detectada. La pregunta apunta a determinar si la respuesta médica fue adecuada frente a la emergencia y si se actuó con los recursos y los tiempos que exigía una situación de esas características. Finalmente, los peritos tendrán que precisar cuál fue la causa médica de la muerte y si los profesionales intervinientes actuaron de acuerdo con la denominada lex artis, es decir, conforme a las prácticas y estándares profesionales exigibles para ese tipo de procedimiento.

La Junta Médica deberá responder por escrito la totalidad de los interrogantes planteados por las distintas partes. Para hacerlo tendrá que analizar la historia clínica y el resto de la documentación médica incorporada al expediente. No se trata de un procedimiento que pueda resolverse rápidamente: la reconstrucción de una intervención de estas características, el análisis de los estudios y la elaboración de conclusiones científicas requieren un tiempo considerable.

Una vez terminado ese informe, las partes podrán evaluar los pasos procesales que correspondan. La expectativa está puesta en que las conclusiones puedan estar disponibles hacia fines de 2026 o, eventualmente, durante los primeros meses de 2027. Ese documento tendrá especial importancia porque permitirá avanzar desde las dudas y los interrogantes que hoy existen hacia una evaluación médica concreta sobre la actuación de los profesionales y las circunstancias que rodearon la muerte de Jerónimo.

El caso Fernández Bobbio tiene así una investigación que todavía está lejos de encontrar una conclusión. Más de 100 preguntas deberán ser contestadas para determinar si la intervención estaba indicada, si los riesgos fueron correctamente evaluados y comunicados, qué ocurrió durante la cirugía, cómo se respondió ante la lesión vascular y cuál fue finalmente la causa de la muerte. Mientras la familia reclama respuestas y cuestiona aspectos de la conformación de la Junta, la fiscalía espera el resultado de una pericia que puede convertirse en una pieza central para definir cómo continúa la causa.