Abuso: desestimaron la denuncia penal contra psicólogas por presuntos informes falsos

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario desestimó la denuncia penal que había puesto bajo investigación a un grupo de psicólogas acusadas de elaborar presuntamente informes falsos en causas vinculadas con abuso sexual infantil. La resolución fue firmada por las fiscales Guillermina Aiello y Bárbara Gilkman, quienes concluyeron que la investigación no reunió elementos suficientes para avanzar penalmente contra las profesionales.

La causa había comenzado a partir de una denuncia presentada por un grupo de hombres que habían sido denunciados por sus ex parejas y separados de sus hijos. Lo hicieron con el patrocinio de un numeroso grupo de abogados. La presentación apuntaba contra las psicólogas Paulina Bais, Georgina Russo Sierra y Natalia Verónica Amatiello, a quienes atribuían conductas que, según los denunciantes, podían configurar falso testimonio agravado, asociación ilícita y corrupción de menores.

Los denunciantes sostenían entonces que existían similitudes entre distintos informes psicológicos utilizados en expedientes por abuso infantil y aseguraban haber detectado incluso párrafos idénticos en documentos elaborados con años de diferencia. La abogada Viviana Cosentino había afirmado que existían "muchos indicios de que estos informes son falsos".

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Sin embargo, tras analizar los expedientes, entrevistas, informes y documentación incorporada, las fiscales descartaron que esas coincidencias permitan acreditar una falsificación. La resolución señala que "no se ha logrado recolectar evidencia alguna" para sostener que las profesionales hayan distorsionado deliberadamente lo informado y advierte que equiparar una discrepancia profesional o un diagnóstico eventualmente erróneo con un delito implicaría vulnerar el principio de legalidad.

Uno de los puntos centrales de la denuncia era la utilización de expresiones similares en diferentes informes. Sobre esto, el MPA consideró que términos como "indicadores específicos e inespecíficos" de abuso sexual infantil forman parte del lenguaje técnico utilizado en la materia y que la coincidencia entre profesionales no demuestra por sí misma que los documentos hayan sido copiados o falseados. La investigación analizó distintos informes y las metodologías empleadas en cada intervención.

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La Fiscalía también abordó las críticas formuladas contra las técnicas utilizadas para entrevistar a niños y niñas. Según la resolución, no existe un protocolo único cuya utilización resulte obligatoria para todos los abordajes clínicos y destaca que las herramientas deben seleccionarse de acuerdo con cada caso. El documento cita bibliografía especializada y diferencia además la tarea clínica de una psicóloga de una pericia judicial.

Otro aspecto analizado fue la acusación de que las profesionales integraban una suerte de estructura coordinada destinada a producir informes apócrifos. Los denunciantes habían relacionado a las psicólogas con la Asociación Civil AEVAS. Sin embargo, las fiscales entendieron que pertenecer a una asociación profesional y compartir metodologías o criterios de trabajo "no presupone un pacto criminal con la intencionalidad de perjudicar a terceros".

La resolución también descartó la figura de corrupción de menores. El MPA sostuvo que no se encontraron indicios de que durante las intervenciones terapéuticas se hubieran desarrollado conductas destinadas a interferir ilícitamente en el desarrollo sexual de los niños. Por el contrario, consideró que la actuación descripta se encontraba dentro de tareas de escucha, contención y abordaje profesional vinculadas con situaciones denunciadas como posibles abusos.

Respecto del supuesto falso testimonio agravado, las fiscales remarcaron que una diferencia de criterios entre profesionales no permite concluir que un informe sea falso. Para que exista ese delito, señalaron, debe acreditarse una conducta deliberada de tergiversar los hechos. En este caso, concluyeron que no pudieron reunir evidencia objetiva de esa maniobra y que, en varios expedientes, otros profesionales cuestionaron métodos o interpretaciones, pero "no afirmaron que existiera una falsificación".

Finalmente, Aiello y Gilkman resolvieron "desestimar las presentes actuaciones por insuficiencia de elementos serios, precisos y concordantes" para continuar con la investigación penal. La decisión deja abierta la posibilidad de incorporar nuevos elementos si aparecieran, pero concluye que, con la prueba reunida hasta el momento, la denuncia "no puede prosperar dado que carece de elementos serios y verosímiles" para sostener la probable intervención de las profesionales en los delitos denunciados.

Con información de Hernán Funes.