Negocios públicos
06/06/2019 | 19:40
Carlos Sagristani
Eugenio Zaffaroni acaba de expresar en la Cumbre Panamericana de Jueces, convocada por el Papa Francisco, una utopía judicial pos republicana (¿o pre republicana?): los magistrados no pueden tener otra actitud que la militancia. Deben ser “partisanos” —definió— y no “imparciales”.
No es una extravagancia intelectual aislada. La obsesión por construir una muralla de protección con jueces subordinados es una constante del cristinismo.
Desde el poder armó Justicia Legítima, La Cámpora de los jueces partisanos. Decenas de sus militantes ocuparon numerosos juzgados y subrogaron otros tantos.
No alcanzaba y fue por más: una reforma que obligara a los magistrados a juntar votos antes que expertise, para llegar o mantenerse en la función. O sea, sujetarse al control de una estructura partidaria.
La iniciativa encalló en el Congreso. El contexto político había cambiado y los kamikazes que se embanderaron con ella eran insuficientes.
Ya en el llano, Cristina y sus allegados fueron pergeñando un plan más radical: una Nueva Constitución, de estilo bolivariano, que concentrara el poder en el Ejecutivo y sometiera de una vez a la judicatura.
Zaffaroni volvió a blanquear el proyecto hace menos de un mes, cuando la ex presidenta terminaba de presentar su legado literario “Sinceramente”. El jurista de cabecera de Cristina abogó por una “nueva Constitución” que, entre otros aspectos, reformule la Justicia.
Jacobinos de Cristina
La iniciativa fue presentada en público en mayo de 2017 por el Manifiesto Argentino, un colectivo de intelectuales militantes que encabeza Mempo Giardinelli e impulsa Leopoldo Moreau. Ambos jacobinos recientes del cristinismo predicaron con vehemencia la disrupción constitucional.
Un proyecto con intención fundacional que Cristina aplaudió casi con euforia, como puede verse en los videos de entonces. Ella misma tomó luego el micrófono para explicar que no se postulaba “una reforma sino una nueva Constitución”.
Hizo foco, entre otros asuntos, “especialmente” en una reforma judicial. Giardinellí explicitaría después el propósito de degradar a la Justicia como poder independiente para convertirla en una simple repartición proveedora de “servicios” judiciales.
En noviembre del año pasado, en el Foro del Pensamiento Crítico, Cristina volvió sobre el tema. Dijo que la división de poderes es una fórmula “vieja” porque fue ideada por la Revolución Francesa, que acabó con la monarquía absolutista y alumbró para Occidente la democracia republicana.
La ex presidenta argumentó que como ese esquema fue diseñado a fines del siglo dieciocho, en una época en que “no había corriente eléctrica”, se necesita una “nueva arquitectura institucional”.
Se quejó de que los jueces no se someten al voto, como los presidentes y los legisladores, y cuestionó que sean vitalicios.
Y avanzó un paso más. Opinó que el Ejecutivo y el Congreso gestionan sólo entre "un 20 y un 30 por ciento” del poder. El 70 u 80 restante –diagnosticó– es ejercido por poderes fácticos a los cuales es preciso “regular”. En ese grupo ubicó de manera explícita a “los medios de comunicación” y, por omisión, al Poder Judicial cuya legitimidad objetó.
Giardinelli, que suele arengarse encima, aclaró que si no reunieran los dos tercios de los votos del Congreso, indispensables para declarar la necesidad de la reforma de la Constitución, recurrirían a un plan B: someter el proyecto a la “voluntad del pueblo” en un plebiscito. O sea, a violar la Constitución republicana vigente para sancionar como sea una Constitución chavista.
Amenazas “moderadas”
Alberto Fernández, ya ungido compañero de fórmula por Cristina, salió a arrojar un poco de agua sobre las brasas del reformismo: “no hace falta ningún cambio en la Constitución”, dijo el 19 de mayo en su primera entrevista como candidato. Sería impropio de la versión “moderada” del cristinismo que él intenta expresar en campaña.
Igual, no se privó de enviar mensajes contundentes y específicos para los jueces de las causas por corrupción contra Cristina.
Les dijo desde dos programas de televisión que “el año que viene deberán rendir cuentas”. Y a los pocos días se arrogó ante los periodistas la atribución futura de “revisar muchas sentencias”, si las urnas lo depositaran en la Rosada. Algo que, como se sabe, en la República sólo está reservado a los tribunales superiores, no al poder político.
Pareciera que las urgencias judiciales de Cristina no pueden esperar una nueva “arquitectura institucional” en la que todos los jueces sean “partisanos”.
Más acostumbrado al barro de la realidad que a fantasear con utopías fundacionales –postergadas, pero no necesariamente abandonadas por la jefa–, Alberto quiere disciplinar la Justicia cuanto antes.
Es parte de lo que se juega en octubre o quizás en noviembre.