Negocios públicos
10/05/2019 | 13:07
Carlos Sagristani
Cristina Kirchner juega al misterio con su candidatura previsible y también con el programa que imagina para un eventual tercer gobierno. Se van conociendo algunos episodios, como en las novelas por entregas. Pero ya vimos suficiente para entender la película.
El “nuevo contrato social” que anunció en la feria del libro tiene un componente institucional –tal vez el más inquietante-- y otro económico.
La piedra angular es la “nueva Constitución” que enunciaron, a su turno, Mempo Giardinelli, Leopoldo Moreau, la propia Cristina en la contracumbre del G-20, y anoche su jurista de cabecera, Eugenio Zaffaroni.
La República “quedó vieja”
Todos hicieron foco en la intención de subordinar al Poder Judicial. Giardinelli lo expresó de forma brutal y Cristina lo validó señalando que la división de poderes es “vieja” y que, como la sociedad actual es más compleja que aquella de la Revolución Francesa, es preciso clausurarla. La Justicia debe ser un “servicio” y no un poder independiente.
Una conclusión obvia es que si Cristina regresara al poder y esta vez si fuera “por todo” rompería con facilidad el cerco judicial por el sistema de recaudación que durante 12 años el kirchnerismo administró al margen de la ley.
Pero el cambio que postula es más profundo.
En el Foro Mundial del Pensamiento crítico dijo el año pasado que “este momento exige repensar nuevas estructuras institucionales que permitan, además, la participación institucional y la regulación institucional de nuevos actores que no existían en aquellas épocas (las de la Revolución liberal de 1789)”.
¿Querrá incorporar la representación empresaria y sindical a la Constitución, en el tantas veces mentado Consejo Económico Social? La alusión a José Ber Gelbard en el acto de la Rural parece iluminar esa hipótesis.
Sería un diseño de inevitables resonancias corporativas, más propias del Medioevo que de la modernidad. O, más cerca en el tiempo, de ciertos ensayos autoritarios del siglo XX.
Reivindicación de un fracaso
¿Qué fue en esencia el Plan Gelbard de 1973? Un congelamiento de precios y salarios por dos años que conduciría a la “inflación cero”. Se formalizó en un Pacto Social que rubricaron el Gobierno de Héctor Cámpora –y que mantuvo el de Perón--, la CGT y la CGE (Confederación General Empresaria).
El diagnóstico oficial atribuía la inflación a una suba constante de los costos de las empresas provocada casi con exclusividad por una puja distributiva con los trabajadores, que ahora se iba a cortar de cuajo.
Gelbard estuvo de ambos lados del mostrador, como ministro de Economía y como presidente de la CGE.
Se creía que el enorme poder político de Perón –incluso desde fuera del Gobierno—serviría para disciplinar a los sindicatos. Y que Gelbard contendría las demandas de los empresarios. Para entonces la Unión Industrial ya se había acercado a la central de las pymes enrolada ahora en el oficialismo.
El pacto original duró poco. A los diez meses hubo que revisarlo.
Los gremios cayeron en la cuenta de que gran parte de las empresas se adelantó a subir precios antes del congelamiento.
En simultáneo, la crisis internacional del petróleo presionaba sobre el dólar e impactaba también sobre los costos.
Se autorizó entonces una remarcación a las industrias que usaban insumos importados, que eran mayoría. Y, por supuesto, se aumentaron por decreto los salarios.
Luego se volvería a un congelamiento, que terminó siendo ilusorio.
Emisión desenfrenada
El Pacto Social ya mostraba dificultades para operar sobre los efectos de la inflación. Mientras, las políticas fiscal y monetaria agravaban en extremo las causas reales del fenómeno.
El gasto público se disparó y el déficit fiscal saltó del 4,6% del producto al 7,6%.
Las cuentas del Banco Central entraron en rojo profundo. Se repartieron a mansalva créditos blandos a empresas y particulares, que se solventaban con redescuentos.
Dicho en criollo, el Banco Central proveía el dinero a los bancos minoristas.
El resultado fue una emisión desenfrenada para financiar el déficit del Estado y para cubrir los redescuentos con los que se financiaba al sector privado.
Semejante creación de dinero sin respaldo presionó con fuerza sobre la demanda. Apareció el desabastecimiento de productos a precios congelados y creció un mercado negro con precios por las nubes.
Los salarios se pulverizaron y los gremios rompieron el pacto.
Tras el Pacto, el híper ajuste
Gelbard, que había sido ministro de Cámpora, Perón y por algunos meses de su viuda “Isabel”, salió eyectado del gobierno.
Alfredo Gómez Morales, el ministro de Perón que enfrentó la crisis de 1951-1952, fue convocado para encauzar la situación de un modo gradual, pero la coyuntura se lo llevó puesto.
El proceso desembocó en el “Rodrigazo”, el híper ajuste impuesto por Celestino Rodrigo, y el caos social y político.
Algunos números duros que grafican la magnitud del estallido de 1975:
Son datos oficiales recogidos por Roberto Cortés Conde en “La economía política de la Argentina en el Siglo XX”.
Sorprende que Cristina Kirchner piense que, en lo económico, “lo nuevo” sea la fórmula de un fracaso histórico.