Venezuela: nueva ley reduce control estatal sobre la industria petrolera

CARACAS — La presidenta en funciones de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el miércoles la promulgación de una reforma parcial a la ley de hidrocarburos que disminuye considerablemente el control estatal que ha prevalecido durante las últimas dos décadas.

Este nuevo marco legal tiene como objetivo disipar las inquietudes de los inversionistas internacionales sobre la disposición del gobierno venezolano de salvaguardar las inversiones y eliminar las nacionalizaciones en el ámbito petrolero y gasífero.

Además, busca agilizar los procesos operativos y modernizar el marco normativo para las inversiones, según lo indicado por Rodríguez, aunque no proporcionó mayores detalles. La ley de hidrocarburos fue aprobada el 29 de enero y abre el sector a la inversión extranjera.

Desde que asumió el poder en enero, Rodríguez ha trabajado para mostrar que la industria petrolera de Venezuela se está abriendo al capital privado, al arbitraje internacional y a la supervisión.

Este reglamento, el primero en 83 años, comenzará a aplicarse tras su publicación en la Gaceta Oficial y fue promulgado seis meses después de que fuerzas estadounidenses capturaran a su predecesor, Nicolás Maduro. El gobierno del entonces presidente Donald Trump ha implementado un plan de "tres fases" que incluye la estabilización, la recuperación y la transición democrática del país.

Simultáneamente a la aprobación de esta ley, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha comenzado a flexibilizar las sanciones impuestas al petróleo venezolano, lo que permitirá a las empresas energéticas estadounidenses operar con mayor libertad en el país sudamericano.

Rodríguez ha afirmado en múltiples ocasiones que la ley respeta la soberanía nacional, enfatizando que los yacimientos petroleros seguirán siendo propiedad del Estado venezolano. Además, destacó que se trata de una ley clara, con seguridad jurídica y adaptada a las prácticas internacionales del sector.

A pesar de contar con unas de las mayores reservas de petróleo del mundo, estimadas en aproximadamente 303.000 millones de barriles según la Oficina de Información Energética de Estados Unidos, Venezuela enfrenta una crisis prolongada que ha sido agravada por el deterioro de su economía y el colapso de su industria petrolera, que es su principal fuente de ingresos en divisas.

Los críticos del gobierno atribuyen el colapso del sector a una gestión ineficaz y a la corrupción dentro de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) durante los gobiernos socialistas de Hugo Chávez (1999-2013), quien fue el mentor político de Maduro.

La reforma modifica y revoca varios impuestos sobre la extracción de petróleo, estableciendo un límite de regalías del 30% y permitiendo al Poder Ejecutivo fijar porcentajes específicos para cada proyecto según las necesidades de inversión y otros factores. Los inversores asumirán los costos operativos y los riesgos de financiación.

El gobierno de Rodríguez espera que estos cambios sirvan como garantía para las principales petroleras estadounidenses que han dudado en regresar al país, muchas de las cuales perdieron inversiones cuando el partido gobernante promulgó la anterior ley hace dos décadas para favorecer a PDVSA.