Venezuela: La Asamblea Nacional aprueba reforma que modifica la ley del Tribunal Supremo de Justicia

CARACAS — La Asamblea Nacional de Venezuela, con una marcada mayoría oficialista, dio luz verde el martes a una reforma unánime de la ley del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Esta modificación busca reducir el poder de los legisladores en la selección de magistrados mediante el aumento de miembros del comité de postulaciones que no provengan del Legislativo.

La reforma, que entrará en vigencia tras su promulgación por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y su publicación en la Gaceta Oficial, establece que el Comité de Postulaciones Judiciales pasará de 21 a 23 integrantes. De estos, 12 serán designados por representantes de asociaciones civiles, grupos académicos y organizaciones independientes del Estado, entre otros.

El nuevo comité tendrá un mandato de dos años y se encargará de evaluar y preseleccionar candidatos para los 32 magistrados del TSJ.

Esta aprobación se produce casi tres semanas después de que se llevara a cabo el primer ciclo de conversaciones formales entre delegaciones del Legislativo unicameral y exdiputados de la oposición (2015-2020). En dichas conversaciones se acordó iniciar un proceso de transformación del sistema judicial venezolano, que ha sido criticado por organizaciones locales e internacionales de derechos humanos, como Amnistía Internacional, por su falta de independencia del poder político.

Las negociaciones, realizadas entre el 6 y el 12 de agosto en Caracas, se centraron en la reforma de la ley del máximo tribunal, que incluye la renovación y ampliación del comité de postulaciones, así como la creación de un consejo para revisar las credenciales y requisitos de los postulados al TSJ, con el fin de prevenir irregularidades en la designación de magistrados.

Los opositores al fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) y a su sucesor, el depuesto presidente Nicolás Maduro (2013-2026), han criticado durante años al oficialismo por nombrar magistrados afines a su agenda, incluyendo a diputados recientemente separados de sus cargos. Esto ha llevado a que el TSJ se convierta en un poder decisivo en la política venezolana, emitiendo numerosas sentencias en contra de críticos del gobierno socialista.

El oficialismo argumenta que los nombramientos de magistrados se han realizado conforme a la ley. Sin embargo, grupos de defensa de derechos humanos, como Acceso de la Justicia, han expresado su apoyo a la reforma, aunque exigen que el comité de postulaciones esté compuesto por miembros de la sociedad civil "independientes". También cuestionan la participación de legisladores en la preselección, argumentando que esto infringe la Constitución, que establece que el Comité debe estar integrado por representantes de diversos sectores de la sociedad.

Los activistas piden que se hagan públicas las evaluaciones de los candidatos y los criterios de selección.