Venezuela deroga adhesión al Estatuto de Roma, base de la Corte Penal Internacional

CARACAS (AP) — La Asamblea Nacional de Venezuela, de abrumadora mayoría oficialista, aprobó por unanimidad el jueves una ley para derogar el instrumento legal que hace 25 años ratificó la adhesión al Estatuto de Roma, el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional (CPI), que apunta al retiro del país sudamericano de ese tribunal global.

Jorge Rodríguez, cercano al presidente Nicolás Maduro y que asumió la presidencia del Legislativo unicameral en 2021, indicó que se busca "demostrar y denunciar al mundo la inutilidad y el vasallaje de una institución que debería servir para proteger a los pueblos y solo sirve para los designios del imperialismo norteamericano".

La derogatoria entrará en vigor cuando sea promulgada por Maduro y publicada en la Gaceta Oficial, añadió Rodríguez.

Venezuela ratificó el Estatuto de Roma en el 2000 durante el mandato del entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013). La CPI ejerce jurisdicción sobre los crímenes cometidos en el territorio de Venezuela o por sus nacionales desde el 1 de julio de 2002.

La CPI es un tribunal de última instancia que investiga crímenes de guerra, de lesa humanidad y otros delitos graves cuando las naciones no pueden o no quieren hacerlo, un sistema conocido como de complementariedad.

El Estatuto de Roma establece también los pasos que un Estado miembro debe seguir si desea retirarse de la corte. El Estado parte debe informar al secretario general de las Naciones Unidas y el retiro entra en vigor un año después de la recepción de la notificación. Anunciar la retirada, sin embargo, no libera al país de sus deberes bajo el tratado.

La iniciativa fue impulsada por los legisladores oficialistas el 2 de diciembre, un día después de que el gobierno de Maduro acusó a la Fiscalía de la CPI de "desentenderse" de sus deberes luego de que el fiscal adjunto de La Haya, Mame Mandiaye Niang, anunciara el cierre de su oficina en Caracas.

En 2023, el gobierno de Maduro y la Fiscalía de la CPI acordaron abrir una oficina en Venezuela con el propósito de facilitar la investigación de presuntos crímenes de lesa humanidad que pesa sobre la administración de Maduro por la actuación de la fuerza pública en las protestas de 2017.

El fiscal adjunto de la CPI indicó el lunes que se tomó la decisión de cerrar la oficina por una falta de "progreso real" en la "complementariedad" con el gobierno venezolano. Ese recinto permitía a la organización trabajar de manera más cercana con las autoridades del país, de modo que Venezuela pudiese "hacer más para cumplir sus obligaciones" en el marco del Estatuto de Roma.

La Fiscalía de la CPI resaltó que la investigación "permanece activa" y un equipo de esa instancia judicial seguirá trabajando desde La Haya.