Venezuela avanza en reforma petrolera que busca abrir el mercado a inversiones privadas

CARACAS — La Asamblea Nacional de Venezuela, de abrumadora mayoría oficialista, aprobó el jueves en una primera discusión un proyecto de reforma parcial de la Ley de Hidrocarburos que flexibilizaría el control estatal sobre las operaciones petroleras, crearía oportunidades para la inversión de empresas privadas y permitiría el reconocimiento del arbitraje internacional en las disputas de inversión.

La reforma se produce en momentos que el gobierno del presidente Donald Trump mantiene sus esfuerzos por asumir el control del petróleo del país sudamericano, a la par que el gobernante estadounidense firmó una orden ejecutiva que tiene el objetivo de garantizar que los ingresos por la venta de petróleo venezolano permanezcan protegidos contra su uso en procedimientos judiciales.

La reforma busca permitir un acelerado incremento en la producción de petróleo y propone, además, flexibilizar el pago directo de regalías al gobierno de Venezuela, al "rebajarla, con tal que se pueda atraer a esta inversión en estos campos nuevos que no producen actualmente", dijo Orlando Camacho, diputado y presidente de la Federación de Cámaras y Empresas de Venezuela (FedeIndustria), quien presentó la iniciativa.

El 15 de enero pasado, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, utilizó su primer mensaje sobre el estado de la nación para abogar por la apertura de la crucial industria petrolera estatal a una mayor inversión extranjera.

La reforma debe ser aprobada en una segunda discusión y sancionada por la presidenta encargada antes de su publicación oficial.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, afirmó que el "petróleo debajo de la tierra no sirve para nada. De qué nos sirve decir que tenemos las más grandes reservas de petróleo del planeta si las condiciones desde el bloqueo de las sanciones hasta los mismos elementos engorrosos en la legislación impiden un acelerado proceso" para aumentar la producción de petróleo.

Después que las fuerzas estadounidenses capturaron al ahora depuesto presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en un sorpresivo operativo en la madrugada del 3 de enero pasado, Washington se ha propuesto asumir el control de la producción, refinación y distribución global de los productos petroleros de Venezuela.

El gobierno del presidente Trump ha dicho que planea controlar los futuros ingresos petroleros para asegurar que beneficien al pueblo venezolano.

Trump se reunió el 9 de enero en Washington con ejecutivos de compañías petroleras para discutir su objetivo de invertir 100.000 millones de dólares en Venezuela para reconstruir la maltrecha industria venezolana de los hidrocarburos y acrecentar su producción y distribución de petróleo. El mandatario estadounidense aseguró entonces que Estados Unidos tenía previsto vender al menos de 30 a 50 millones de barriles de petróleo venezolano.

Horas antes de ese anuncio, Trump declaró a la prensa que Estados Unidos ya había sacado 50 millones de barriles de petróleo de Venezuela. "Lo estamos vendiendo en el mercado abierto. Estamos bajando los precios del petróleo de forma increíble", afirmó.

Trump utilizó la reunión con los ejecutivos de la industria petrolera para asegurarles públicamente que no deben ser escépticos de invertir rápidamente y, en algunos casos, regresar a Venezuela, país que tiene un historial de expropiaciones a manos del Estado, así como sanciones estadounidenses en curso y décadas de incertidumbre política.

En agosto de 2006, el gobierno del presidente Hugo Chávez, predecesor y mentor político de Maduro, llevó adelante una reforma de la ley que impulsó la creación de empresas mixtas en el sector petrolero, revirtiendo convenios operativos en sociedades con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), en la que esta mantenía el control mayoritario en los proyectos.

Mientras firmas como ExxonMobil y ConocoPhillips abandonaron el país y acudieron a los tribunales ante la ola de nacionalizaciones, empresas como Chevron, entre otras, aceptaron la oferta de Chávez para crear una empresa junto a PDVSA en términos que lucían desfavorables.

Durante el primer mandato de Trump, el Departamento del Tesoro sancionó a PDVSA y concedió licencias para seguir operando en Venezuela a firmas petroleras, entre ellas Chevron.