Venezuela aprueba nueva ley de alquiler que otorga mayores garantías a propietarios

CARACAS — La Asamblea Nacional de Venezuela ratificó el viernes, por unanimidad, la Ley de Régimen Especial de Arrendamiento de Inmuebles, un nuevo marco legal que tiene como objetivo incentivar la oferta de viviendas y brindar más garantías jurídicas a los propietarios.

Históricamente, los propietarios enfrentaron problemas debido a reformas legales anteriores que, en su afán de proteger a los inquilinos, generaron un entorno de inseguridad para los dueños de inmuebles. Esta nueva legislación, impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, tiene la intención de "contribuir a la satisfacción de las necesidades habitacionales de la población" y "promover y proteger el mercado inmobiliario", según lo indicado en el documento.

Además, la ley establece mecanismos para la resolución ágil de disputas a través de arbitrajes, lo que podría evitar prolongados litigios judiciales.

La normativa entrará en vigor una vez que sea promulgada por la presidenta y publicada en la Gaceta Oficial.

La aprobación de esta ley se produjo 38 días después de que dos devastadores terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5, sacudieran el país el 24 de junio, causando más de 5.500 muertes y dejando a 20.000 personas sin hogar, de acuerdo con los informes oficiales más recientes.

Un total de 856 edificios resultaron dañados, de los cuales 190 colapsaron por completo, afectando también a más de 1.600 estructuras, incluidas puentes y carreteras.

La nueva legislación permite a las partes acordar los términos de pago en contratos, los cuales podrán ser registrados ante notarias públicas, garantizando así mayor formalidad. Además, se permite la inclusión de depósitos de garantía o pólizas de seguro equivalentes a hasta tres meses de alquiler, los cuales deben ser devueltos en un plazo de 15 días tras la finalización del contrato, siempre que el inmueble se encuentre en buen estado.

En las últimas dos décadas, el mercado de alquiler en Venezuela se ha visto drásticamente reducido, especialmente desde 2011, cuando el fallecido presidente Hugo Chávez implementó reformas que otorgaron al Estado el poder de fijar el canon de arrendamiento y reguló de manera estricta los desalojos, perjudicando así a los propietarios. La nueva ley busca restablecer la seguridad jurídica y revertir la desconfianza de los propietarios hacia el sistema de alquiler.

Asimismo, se observó una contracción en la oferta de viviendas debido a casos de inquilinos que se niegan a desocupar los inmuebles al vencerse los contratos, aprovechándose de vacíos legales. Muchos propietarios, además, evitan alquilar a familias con niños por temor a complicaciones legales.

Por último, la ley prohíbe el alquiler de viviendas en zonas de alto riesgo o en infraestructuras en condiciones precarias, respondiendo así a las preocupaciones de los legisladores tras los recientes sismos mortales.