Venezuela anuncia una amnistía para presos políticos y el cierre del Helicoide

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes el envío a la Asamblea Nacional de un proyecto de ley de amnistía general para presos políticos y dispuso el cierre de El Helicoide, uno de los centros de detención más emblemáticos del aparato represivo chavista. La iniciativa fue presentada como un gesto para “favorecer la convivencia” en el país, en un contexto marcado por fuertes presiones internacionales.

El anuncio se realizó durante el acto de apertura del año judicial en la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que se desarrolló a puertas cerradas y sin acceso a la prensa. Allí, Rodríguez confirmó que instruyó al Parlamento, de mayoría oficialista, a avanzar con el tratamiento y aprobación de la ley, que podría votarse en la primera semana de febrero.

“Anuncio una ley de amnistía general y encargo que esa ley se lleve a la Asamblea Nacional para favorecer la convivencia en Venezuela”, expresó la mandataria, quien llamó además a evitar “la violencia o la venganza” y pidió respeto entre los distintos sectores políticos. Según explicó, la decisión fue consensuada previamente con Nicolás Maduro, antes de su captura el pasado 3 de enero por fuerzas militares de Estados Unidos.

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Durante el mismo discurso, Rodríguez sorprendió al anunciar que El Helicoide será reconvertido en un centro de servicios sociales y deportivos. El edificio, ubicado en Caracas, es señalado por organismos internacionales de derechos humanos como un símbolo de detenciones arbitrarias y torturas. La presidenta encargada también adelantó que su gobierno impulsará medidas para combatir la corrupción en el sistema judicial, aunque no precisó plazos ni alcances.

El anuncio se produce en un escenario de creciente presión externa, especialmente por parte de Estados Unidos. El presidente Donald Trump condicionó avances en la relación bilateral a la liberación de detenidos por motivos políticos y aseguró tener un “control total” sobre las operaciones de crudo venezolano. En el Senado norteamericano, el secretario de Estado Marco Rubio sostuvo que las excarcelaciones forman parte del proceso de “transición” en Venezuela, aunque reconoció que avanzan con mayor lentitud de la esperada.

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Rodríguez aclaró que la amnistía excluirá a condenados por homicidio, narcotráfico y delitos comunes, y que inicialmente alcanzaría a personas detenidas por razones políticas. Sin embargo, persisten dudas sobre el alcance real de la medida y su impacto efectivo en la represión denunciada por ONG y organismos internacionales.

En paralelo, la situación de ciudadanos argentinos detenidos en Venezuela volvió a tomar relevancia. Familiares del gendarme Nahuel Gallo y del abogado Germán Giuliani solicitaron esta semana la mediación del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, para lograr su liberación.

Desde el 8 de enero se desarrolla un proceso de excarcelaciones anunciado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, aunque las cifras oficiales difieren. Mientras el ministro del Interior, Diosdado Cabello, informó 808 liberaciones desde diciembre, el fiscal general Tarek William Saab habló de 643 medidas cautelares. Las organizaciones de derechos humanos, en tanto, contabilizan apenas 302 casos.

En muchos de ellos, los excarcelados continúan bajo restricciones, como prohibiciones para declarar a la prensa, usar redes sociales o la obligación de presentarse periódicamente ante tribunales. En este contexto, el Comité de Madres en Defensa de la Verdad presentó un proyecto alternativo de amnistía que propone libertad plena, garantías de no repetición y mecanismos de reparación.

Según la ONG Foro Penal, desde 2014 se registraron en Venezuela 18.824 detenciones por motivos políticos, más de 14.000 excarcelaciones y más de 11.000 personas que aún permanecen sometidas a medidas restrictivas, un dato que pone en perspectiva el desafío que enfrenta la iniciativa anunciada por el gobierno.