Un tribunal de Guatemala absolvió a exfiscal que denunció ser víctima de criminalización

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Un tribunal absolvió el viernes a un exfiscal anticorrupción y de delitos a migrantes, Stuardo Campo, quien estuvo encarcelado durante dos años debido a una acusación por incumplimiento de deberes. La decisión se basó en que el Ministerio Público no pudo comprobar que se hubiera cometido el delito.

Stuardo Campo es uno de los operadores de justicia, de más de 40 encarcelados y exiliados, que denunciaron criminalización por parte de la fiscalía, a cargo de Consuelo Porras, contra jueces y exfiscales que investigaron hechos de corrupción en el país.

Según la fiscalía, Campo había incumplido deberes en su calidad de jefe de la fiscalía de delitos contra migrantes, pues una de sus subalternas solicitó por error una orden de aprehensión contra una mujer de la tercera edad que fue detenida en un allanamiento contra una estructura que traficaba personas.

La juez a cargo del juicio afirmó que no se demostró que ese error hubiera sido cometido por Campo o por los otros exauxiliares fiscales Gonzalo Chilel y Carlos Pérez, que fueron juzgados junto al exfiscal. Los procesados intentaron mediar el error cuando se cometió, pero fueron acusados por la fiscalía.

A pesar de esta absolución, Campo debe seguir en prisión debido a otras dos acusaciones de la fiscalía. Una de las denuncias en su contra fue presentada por la Fundación contra el Terrorismo, una organización de derecha radical que defiende a acusados de corrupción y a militares señalados por crímenes de guerra.

Como jefe de la fiscalía contra delitos a migrantes, Campo desarticuló estructuras de tráfico de personas y detuvo a cuatro acusados por esos delitos que por primera vez fueron extraditados a Estados Unidos para que enfrentaran procesos.

Porras ha sido sancionada por más de 40 países, que no le permiten entrar a sus territorios por considerar que obstaculiza la lucha anticorrupción y socava la democracia del país centroamericano.

En mayo pasado, la Relatora Especial sobre la Independencia de los magistrados y abogados de Naciones Unidas, Margaret Satterthwaite, cuestionó a la Fiscalía por mantener una política de criminalización contra operadores judiciales, periodistas, y líderes sociales.