Trump no ha presentado pruebas de que embarcaciones atacadas transportaban drogas

WASHINGTON (AP) — El gobierno del presidente Donald Trump continuó sin proporcionar al Congreso evidencias que demuestren que las presuntas embarcaciones utilizadas para el contrabando de drogas que fueron atacadas por el ejército de Estados Unidos en realidad transportaban narcóticos, indicaron dos funcionarios federales al tanto del asunto el miércoles.

A medida que la frustración bipartidista en torno a los ataques aumentó, el Senado llevó a votación el miércoles una resolución de poderes de guerra que requeriría que el presidente reciba la autorización del Congreso antes de realizar nuevos ataques militares contra los cárteles.

El ejército llevó a cabo al menos cuatro ataques contra embarcaciones que, según la Casa Blanca, transportaban drogas, incluidos tres que afirmaron que partieron desde Venezuela. Los ataques cobraron la vida de 21 personas, según informes.

Los funcionarios, quienes hablaron bajo condición de anonimato al no estar autorizados a tocar el tema públicamente, comentaron que el gobierno únicamente se refirió a los videos desclasificados de los ataques que Trump y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, publicaron en redes sociales y aún no presentó "pruebas contundentes" de que las embarcaciones transportaban drogas.

La Casa Blanca no explicó por qué destruyó embarcaciones en algunos casos, mientras que en otros se apegó a procedimientos de detener barcos y confiscar drogas, resaltó uno de los funcionarios.

En un memorando retroactivo justificando uno de los ataques, el gobierno declaró a los cárteles del narcotráfico como "combatientes ilegales" y dijo que Estados Unidos está en un "conflicto armado" contra ellos.

La declaración planteó serias preguntas sobre cómo Trump pretende usar sus poderes de guerra y ha sido percibida por varios senadores como un intento por establecer un nuevo marco legal para llevar a cabo acciones letales, generando dudas sobre el rol del Congreso en autorizar acciones de este tipo.

El Pentágono, al ser cuestionado sobre la falta de pruebas proporcionadas al Congreso, mencionó los videos de los ataques, que no confirman la presencia de drogas. También destacó declaraciones de Hegseth, quien en redes sociales tras el último ataque afirmó: "Nuestra inteligencia, sin lugar a dudas, confirmó que esta embarcación estaba traficando narcóticos, las personas a bordo eran narcoterroristas y operaban en una conocida ruta de narcotráfico".

Los legisladores expresaron frustración por la falta de detalles sobre cómo el gobierno llegó a la decisión de que Estados Unidos está en conflicto armado con los cárteles o sobre qué organizaciones criminales considera como "combatientes ilegales". El senador Angus King, independiente por Maine, comentó que a él y a otros miembros de la Comisión de Servicios Armados del Senado se les negó acceso a una opinión legal del Pentágono sobre si los ataques se apegaban a las leyes de Estados Unidos.

Sus comentarios surgieron durante una audiencia de confirmación para Joshua Simmons —un asesor legal del secretario de Estado Marco Rubio— como el próximo abogado general de la CIA. Simmons se negó a comentar si participó en deliberaciones sobre ataques a cárteles en el Caribe, indicando que cualquier consejo legal que hubiera dado sería confidencial.

En una audiencia en el Senado, la secretaria de Justicia Pam Bondi fue presionada sobre qué le aconsejó a Trump para justificar legalmente los ataques. Ella respondió: "No voy a discutir ningún consejo legal que mi departamento pueda o no haber dado bajo la instrucción del presidente".

Un funcionario de la Casa Blanca insinuó que los legisladores no eran honestos con sus críticas, asegurando que el gobierno federal ha sido "mucho más abierto" con la justificación legal que la presidencia de Barack Obama durante ataques contra milicianos en Oriente Medio.

El funcionario, quien habló bajo condición de anonimato, también dijo que miembros de alto rango del Pentágono llevaron a cabo seis sesiones confidenciales con el Congreso para informar sobre las operaciones.

Funcionarios del gobierno argumentaron que los ataques son necesarios para la autodefensa, dado que los cárteles envían drogas a Estados Unidos, provocando miles de muertes. Aunque Venezuela produce cocaína, la mayor parte se envía a Europa.

Trump ha evitado en gran medida los procesos interinstitucionales tradicionales al formular su estrategia para atacar a los cárteles del narcotráfico. Un pequeño grupo de altos funcionarios, incluidos Rubio, el subsecretario de Estado Christopher Landau y el asistente de Trump Stephen Miller, han impulsado los ataques.

Desde su tiempo como senador, Rubio ha abogado por adoptar una línea más dura contra el presidente venezolano Nicolás Maduro. Durante el primer mandato de Trump, Maduro fue acusado de cargos federales de narcotráfico, incluyendo narcoterrorismo, y el Departamento de Justicia duplicó la recompensa por información que conduzca a su arresto a 50 millones de dólares.

Trump ha focalizado su atención en la pandilla venezolana Tren de Aragua, a la que acusó de actuar como "frente" para Maduro, y afirmó que había miembros en el primer barco atacado el mes pasado. No se han publicado detalles sobre las afiliaciones en los otros tres ataques.

Los esfuerzos diplomáticos con Caracas se han suspendido en meses recientes, aunque al inicio de su mandato, Trump envió a Richard Grenell a reunirse con Maduro, quien liberó a seis estadounidenses detenidos durante esa visita. Maduro afirma que los ataques son un intento por socavar su autoridad y fomentar disturbios para su destitución.

El Departamento de Estado rechazó cualquier noción de que el gobierno esté involucrado en actividades que no sean operaciones contra el narcotráfico.