Trump impulsa medidas para que bancos verifiquen el estatus migratorio de clientes

WASHINGTON — El presidente Donald Trump firmó el martes una nueva orden ejecutiva que obliga a las entidades bancarias a examinar con mayor rigor la ciudadanía de sus clientes. Esta medida se enmarca dentro del esfuerzo de su administración por reforzar las acciones contra quienes residen en el país sin autorización legal.

La orden instruye a los reguladores bancarios y a diferentes departamentos gubernamentales a investigar posibles indicios de que personas sin estatus legal estén abriendo cuentas, solicitando préstamos o tarjetas de crédito. No obstante, esta normativa resulta menos severa de lo que se anticipaba, dado que informes previos sugerían que la Casa Blanca estaba elaborando una orden más estricta que obligaría a recopilar información sobre la ciudadanía de todos los clientes.

En el texto de la orden, la administración argumenta que los bancos podrían enfrentar riesgos crediticios si un cliente es deportado y no puede cumplir con sus obligaciones de pago. Además, se establece que la Casa Blanca no permitirá que se asuman riesgos en el sistema financiero debido a la extensión de créditos o servicios financieros a individuos indeseables y sujetos a deportación.

Dado que históricamente los bancos no han recolectado información sobre la ciudadanía o el estatus migratorio de sus clientes, no existen datos públicos confiables que midan el riesgo que representan estos clientes para el sistema financiero.

Un estudio del Urban Institute, conocido por su tendencia progresista, estima que entre 5.000 y 6.000 hipotecas fueron emitidas a clientes con Números de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN), que son frecuentemente utilizados por trabajadores indocumentados en lugar de un número de Seguro Social. Este informe también señala que los bancos tienden a ser reacios a otorgar préstamos a personas que utilizan un ITIN. Asimismo, entidades hipotecarias como Fannie Mae y Freddie Mac muestran resistencia a asegurar hipotecas en las que el prestatario posee un ITIN, lo que dificulta aún más el acceso a financiamiento para estos individuos.

El Departamento del Tesoro había anunciado en noviembre pasado que reclasificaría ciertos créditos fiscales reembolsables como "beneficios públicos federales", lo que limitaría el acceso a algunos contribuyentes inmigrantes, incluso si cumplen con sus obligaciones fiscales y demás requisitos.

Expertos fiscales advierten que los inmigrantes que llegaron a Estados Unidos ilegalmente cuando eran niños, conocidos como beneficiarios del programa DACA, así como aquellos con Estatus de Protección Temporal, serían los más afectados por este cambio de política.