Trump enfrenta desafíos en su intento de reactivar la pena de muerte federal

CONCORD, Nueva Hampshire, EE.UU. (AP) — El gobierno del presidente Donald Trump tambaleó en su agresiva búsqueda de la pena de muerte, al reexaminar casos en que sus predecesores decidieron explícitamente no solicitar la pena capital.

Desde que asumió el cargo en febrero, la secretaria de Justicia de Estados Unidos, Pam Bondi, autorizó a los fiscales a solicitar la pena de muerte contra 19 personas, incluidos nueve acusados en casos en que el gobierno del entonces presidente Joe Biden había solicitado sentencias menores. Sin embargo, los jueces bloquearon esos intentos de revocación para todos los acusados excepto dos, el más reciente el lunes en un par de casos en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, lo que puso en evidencia los límites del poder del gobierno de Trump para revocar decisiones en casos que ya estaban muy en curso.

Al buscar la pena capital, el Departamento de Justicia buscó cumplir la promesa de campaña de Trump de reanudar las ejecuciones federales después de que fueran suspendidas por Merrick Garland, el secretario de Justicia de Biden. El Departamento de Justicia del presidente republicano acusó al gobierno demócrata anterior de suplantar "la voluntad del pueblo con sus propias convicciones personales" al no solicitar la pena de muerte en muchos casos relacionados con crímenes atroces.

No se emitieron opiniones detalladas en los dos casos más recientes, que involucran a un hombre acusado de asesinar a un policía en 2022, y a dos hombres acusados de robo a mano armada y asesinato en 2018. Sin embargo, otros jueces que rechazaron los intentos de revocación por motivos constitucionales y procesales fueron contundentes en su evaluación del enfoque del gobierno de Trump.

“El gobierno ha procedido con precipitación en este caso y, al hacerlo, ha pasado por alto derechos constitucionales y legales importantes”, escribió en junio Stephanie Gallagher, jueza federal del distrito de Maryland —designada por Trump—, al anular la notificación de intención de solicitar la pena de muerte contra tres presuntos miembros de la pandilla MS-13 acusados de asesinar a dos chicas adolescentes en 2020. “Eso es inaceptable”.

La autorización para el procesamiento por pena capital suele darse años antes del juicio, pero en el caso de Maryland, la fiscalía presentó la notificación de pena de muerte menos de cuatro meses antes de la fecha prevista para que el juicio iniciara. Ninguno de los acusados estaba representado por abogados especializados en litigios de pena de muerte, a lo que habrían tenido derecho bajo la ley federal debido a la complejidad de los casos capitales y sus posibles consecuencias.

“El gobierno no se anda con rodeos aquí: la única razón de su cambio de postura sobre la pena de muerte fue el cambio de gobierno”, escribió Gallagher, quien calificó la “ceguera deliberada” del gobierno ante las diferencias entre los juicios capitales y los juicios no capitales como “alarmante”.

“Este tribunal no dejará de lado décadas de leyes, estándares profesionales y normas para ajustarse al empeño del gobierno por llevar adelante su agenda”, escribió. “Por supuesto, las elecciones tienen consecuencias, y este gobierno tiene derecho a buscar la pena de muerte en los casos en que pueda hacerlo de acuerdo con los requisitos constitucionales y legales. Pero este no es uno de ellos”.

Los fiscales en Maryland y en Nevada declinaron hacer comentarios, pero en documentos judiciales argumentaron que el Departamento de Justicia tiene la “facultad inherente” de reconsiderar decisiones previas y que el momento de la notificación de la pena de muerte fue “objetivamente razonable”, dado que los acusados tuvieron años para prepararse para el juicio.

“La secretaria de Justicia simplemente ha reconsiderado una decisión anterior, lo cual es su prerrogativa, y ejercer esa autoridad inherente no constituye una falta de conducta, sino una gestión y gobernanza básicas”, escribió la fiscal federal de Maryland, Kelly Hayes. “En ningún momento el gobierno hizo una promesa (jurídicamente) vinculante. Decidir no presentar ciertos cargos no es una promesa de no hacerlo”.

Trump, cuyo primer gobierno llevó a cabo un récord de 13 ejecuciones federales, firmó una orden en su primer día de regreso a la Casa Blanca que obliga al Departamento de Justicia a solicitar la pena de muerte en los casos federales pertinentes y a apoyar la pena capital en los estados. Bondi, quien ha dicho que solicitará la pena de muerte “siempre que sea posible”, levantó rápidamente la moratoria de la era Biden sobre las ejecuciones federales y ordenó la revisión de las decisiones tomadas por el gobierno anterior.

El plazo de 120 días para dicha revisión venció sin que se haya informado oficialmente sobre los resultados, pero un funcionario sénior del Departamento de Justicia dijo a The Associated Press que se han examinado todos los casos, excepto unos 30. El funcionario, quien habló bajo condición de anonimato según los términos establecidos por el departamento, reportó que Garland emitió aproximadamente 1.400 decisiones de no solicitar la pena de muerte, de las cuales todas menos 459 ya habían sido plenamente resueltas para cuando Trump asumió el cargo.

Bondi no es la primera secretaria de Justicia en revisar casos anteriores: no sólo Garland autorizó un único caso de pena de muerte durante su tiempo en el cargo, sino que también retiró 35 notificaciones de intención de solicitar la pena capital emitidas por sus predecesores. El Departamento de Justicia señala que la revisión ordenada por Bondi fue esencialmente “la otra cara de la moneda” de la medida de Garland, y que fue la decisión correcta para garantizar consistencia y lograr justicia para las víctimas y sus familias.

Lectura rápida

¿Qué busca Trump con la pena de muerte? El gobierno busca reanudar las ejecuciones federales y cumple una promesa de campaña. ¿Cuántas solicitudes se han presentado? Se realizaron 19 solicitudes, pero solo dos avanzaron. ¿Qué dicen los jueces sobre la situación? Varios jueces señalaron violaciones a derechos constitucionales. ¿Cuál es la opinión de la fiscalía? La fiscalía sostiene que la secretaria tiene la prerrogativa de cambiar decisiones. ¿Qué futuro tienen los casos revisados? La revocación de las decisiones podría no mantenerse en varios casos.