Trump destituye a 5 miembros de la junta de control de Puerto Rico en medio de críticas

SAN JUAN, Puerto Rico (AP) — El gobierno del presidente Donald Trump destituyó a cinco de los siete miembros de la junta de control federal de Puerto Rico que supervisa las finanzas de ese territorio estadounidense, lo que generó preocupación sobre el futuro de la frágil economía de la isla. Los cinco despedidos son todos demócratas.

Un funcionario de la Casa Blanca afirmó el martes a The Associated Press que la junta “ha sido administrada de manera ineficiente e ineficaz por sus miembros gobernantes durante demasiado tiempo, y es hora de restaurar un liderazgo con sentido común”.

Los despedidos fueron el presidente de la junta, Arthur Gonzalez, junto con Cameron McKenzie, Betty Rosa, Juan Sabater y Beny Ubiñas. Los dos miembros restantes del organismo —Andrew G. Biggs y John E. Nixon— son republicanos.

Sylvette Santiago, portavoz de la junta, comentó que están en contacto con la Casa Blanca.

La junta fue creada en 2016 durante el mandato de Obama, un año después de que el gobierno de Puerto Rico declarara que no podía pagar su deuda pública de más de 70.000 millones de dólares y presentara la mayor solicitud de quiebra municipal en la historia de Estados Unidos.

En declaraciones a la AP, el funcionario de la Casa Blanca reiteró que la junta había operado de manera ineficaz y en secreto, acusándola de haber “desembolsado grandes sumas a firmas de abogados, de consultoría y de cabildeo”. El funcionario, que declaró bajo condición de anonimato, también señaló que el personal de la junta recibía “salarios exorbitantes”.

Puerto Rico luchó por reestructurar una deuda de más de 9.000 millones de dólares en la que incurrió la Autoridad de Energía Eléctrica del estado, mientras sus funcionarios mantenían difíciles mediaciones con acreedores que exigían el pago completo.

Esa es la única deuda del gobierno de Puerto Rico pendiente de reestructuración. El funcionario de la Casa Blanca acusó a la junta de preferir “extender la quiebra”.

En febrero, el director ejecutivo de la junta, Robert Mujica Jr., indicó que era “imposible” que Puerto Rico pagara los 8.500 millones de dólares que exigían los tenedores de bonos. En su lugar, presentó un nuevo plan fiscal que proponía un pago de 2.600 millones de dólares para los acreedores, sin contemplar aumentos de tarifas para una isla con altas facturas de electricidad y cortes de energía crónicos.

Alvin Velázquez, profesor de derecho de quiebra en la Universidad de Indiana, expresó su preocupación por las destituciones, ya que podrían desencadenar otra crisis en Puerto Rico. “En realidad, esto se trata de obtener un acuerdo de (la compañía eléctrica) que no sea sostenible para los consumidores de Puerto Rico”, aseguró.

Velázquez, expresidente de la comisión de acreedores no asegurados durante los procedimientos de quiebra, cuestionó la legalidad de las destituciones, al señalar que los miembros de la junta solo pueden ser removidos por causa justificada.

Esta situación también podría llevar al gobierno de Trump a enfrentar nuevos desafíos legales, según Velázquez.

Breitbart News Network fue el primer medio en informar sobre las destituciones.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.