Trump busca restaurar aranceles tras fallo de la Corte Suprema que los anuló

WASHINGTON — Los ingresos del Tesoro de Estados Unidos se vieron beneficiados el año pasado gracias a los aranceles que el ex presidente Donald Trump aplicó sobre importaciones de casi todos los países. Sin embargo, esos fondos se han agotado después de que la Corte Suprema revocara en febrero los aranceles más significativos impuestos por Trump.

La interrogante que se plantea es si el equipo comercial del ex mandatario podrá cumplir con la promesa de reemplazar los ingresos que se han perdido. El tiempo apremia.

Luego del fallo adverso en la Corte, Trump utilizó la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 para imponer aranceles globales del 10%. Sin embargo, esta disposición permite que los aranceles se mantengan solo por 150 días, con un vencimiento fijado para el 24 de julio. Para que estos aranceles continúen, el Congreso tendría que prorrogar su vigencia, algo que parece improbable en un contexto electoral marcado por el descontento de los votantes ante el aumento del costo de vida.

El gobierno tiene alternativas más sostenibles: la Sección 301 de la misma ley comercial permite al presidente imponer aranceles y sanciones a naciones que incurran en prácticas comerciales consideradas "injustificables" o "discriminatorias". Trump ya utilizó esta sección para imponer aranceles significativos a China durante su primer mandato y ha comenzado a aplicar estos mecanismos nuevamente, anunciando aranceles del 25% sobre ciertas importaciones de Brasil por prácticas comerciales desleales.

Expertos en comercio y analistas pronostican que la administración de Trump logrará reemplazar los aranceles de la Sección 122 por aranceles más elevados de la Sección 301 antes de la fecha límite del 24 de julio. "Van a levantar otra vez el muro arancelario", afirmó Ryan Majerus, abogado comercial y ex funcionario de comercio en las administraciones de Trump y Joe Biden.

El ex presidente ha llevado al límite su autoridad para imponer aranceles, un poder que la Constitución reserva al Congreso. Para justificar estos gravámenes, los calificó como una respuesta a lo que él considera una emergencia nacional debido a los persistentes déficits comerciales.

La Corte Suprema no aceptó esta argumentación y falló en febrero que Trump no podía utilizar la ley de poderes de emergencia para imponer aranceles. Este revés legal obligó al gobierno a emitir reembolsos a los importadores que habían pagado esos gravámenes.

Desde entonces, los ingresos por impuestos a las importaciones, que alcanzaron su punto máximo en más de 31.400 millones de dólares en octubre pasado, comenzaron a decrecer. En marzo y abril, los ingresos cayeron a 22.000 millones de dólares, y en mayo se registró un déficit de 42 millones de dólares, seguido por una pérdida de 25.600 millones de dólares en junio.

Trump y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, han asegurado que recurrirán a otras facultades legales para recuperar los ingresos perdidos. La Sección 301 otorga al presidente la capacidad de imponer y ajustar aranceles en respuesta a las prácticas comerciales de otros países, aunque primero se deben cumplir requisitos de procedimiento, como la recopilación de comentarios y la realización de audiencias, sin plazos específicos.

Este enfoque le brinda al mandatario flexibilidad en el uso de los aranceles de la Sección 301, aunque no puede imponerlos a su antojo como lo hacía con los aranceles de la IEEPA. La incertidumbre en torno a la política arancelaria ha generado preocupación en las empresas, que se muestran renuentes a invertir debido a la falta de claridad sobre las reglas comerciales.

Un cambio en la aplicación de la ley 301 podría reducir la incertidumbre, aunque no eliminarla por completo, advirtió Sarah Bianchi, ex funcionaria de comercio de EE. UU. y actual estratega en Evercore ISI.

El gobierno ha iniciado dos investigaciones bajo la Sección 301 para reemplazar los ingresos arancelarios perdidos. Una de ellas involucra a 60 países que representan el 99% de las importaciones de EE. UU., acusándolos de no hacer lo suficiente para frenar las importaciones producidas con trabajo forzado. La otra investigación se centra en 16 socios comerciales, incluyendo a China, la Unión Europea y Japón, que supuestamente están sobreproduciendo bienes y perjudicando a los fabricantes estadounidenses.

El gobierno ya ha tomado decisiones respecto al trabajo forzado, proponiendo aranceles del 10% para 16 países y del 12,5% para 44, que son similares o ligeramente superiores a los gravámenes de la Sección 122 que reemplazarían. Sin embargo, todavía se están recibiendo comentarios públicos sobre estas propuestas.

La otra investigación sobre la sobreproducción aún no ha concluido, pero se anticipa que el gobierno propondrá nuevos aranceles en uno o dos meses, probablemente después de las elecciones de mitad de mandato, por "razones obvias". Trump, que se autodenomina "Tariff Man" (el Hombre de los Aranceles), busca restablecer los altos impuestos a las importaciones que impuso en 2025, y estas nuevas investigaciones podrían ser una justificación para hacerlo, aunque podrían enfrentar desafíos legales.

"Las Secciones 301 han sido bastante sólidas desde el punto de vista legal", comentó Bianchi, aunque advirtió que nadie ha intentado utilizarlas para establecer aranceles universales, lo que podría dar lugar a impugnaciones legales.