Trump apela fallo que frena despidos masivos en el Departamento de Educación

El gobierno estadounidense bajo la presidencia de Donald Trump presentó el viernes una solicitud ante la Corte Suprema para anular un fallo judicial que exigía la reinstalación de los empleados del Departamento de Educación afectados por despidos significativos relacionados con la reestructuración de la agencia. En la apelación de emergencia, el Departamento de Justicia argumentó que el juez de distrito Myong Joun, ubicado en Boston, había sobrepasado sus competencias el mes pasado, al emitir una orden preliminar que revertía el despido de cerca de 1.400 empleados y detenía el plan general del departamento.

La decisión del juez Joun significó un obstáculo para una de las promesas más relevantes de la campaña del presidente Trump, paralizando el esfuerzo por desmantelar el Departamento de Educación. Además, un tribunal federal de apelaciones se negó a frenar la orden mientras la administración continuaba con su apelación.

El juez Joun advirtió que los despidos “probablemente paralizarán el departamento”. Sin embargo, el fiscal general D. John Sauer se pronunció el viernes, acusando al juez de reemplazar las prioridades políticas del gobierno con las suyas.

Los despidos son parte de una propuesta para simplificar la función del departamento y eliminar funciones que, según la administración, deberían ser manejadas por los estados, tal como indicó Sauer. En abril, la Corte Suprema ya había votado 5 a 4 para bloquear una orden anterior del juez Joun, que buscaba mantener vigentes ciertas subvenciones para capacitación docente.

El caso actual involucra dos demandas consolidadas, que postulan que el plan de Trump equivale a un cierre ilegal del Departamento de Educación. Una de las demandas fue presentada por los distritos escolares de Somerville y Easthampton en Massachusetts, junto a la Federación Americana de Maestros y otros grupos educativos. La segunda fue interpuesta por una coalición de 21 fiscales generales del partido demócrata.

Las demandas argumentan que los despidos impedirían que el departamento cumpla con sus responsabilidades legislativas, como apoyar la educación especial y distribuir fondos financieros, así como hacer cumplir las leyes de derechos civiles.

Aunque Trump ha declarado que el cierre del Departamento de Educación es una de sus prioridades, también ha reconocido que solo el Congreso tiene la autoridad para llevarlo a cabo. Mientras tanto, en marzo, emitió una orden a la secretaria de Educación, Linda McMahon, para que iniciara el desmantelamiento “en la medida máxima apropiada y permitida por la ley”.

El presidente indicó que los roles del departamento serían distribuidos entre otras agencias, sugiriendo que los créditos educativos federales quedaran bajo la gestión de la Agencia Federal de Pequeños Negocios, mientras que los programas de asistencia a estudiantes con discapacidades serían traspasados al Departamento de Salud y Servicios Humanos. Hasta el momento, dichos cambios no se han implementado.

Trump justificó su postura manifestando que el Departamento de Educación había fallado en mejorar los indicadores académicos de los estudiantes en el país, promitiendo “devolver la educación a los estados”.

Por otro lado, los opositores enfatizan que la supervisión de la educación básica, desde el nivel preescolar hasta el grado 12, ya está a cargo mayoritariamente de los estados y municipios. Los demócratas han criticado el presupuesto propuesto por el gobierno de Trump para el Departamento de Educación, el cual incluye un recorte del 15 por ciento en el presupuesto, lo que representa una reducción de 4.500 millones de dólares en la financiación destinada a la educación básica como parte de la reestructuración de la agencia.