Tensión social en Ecuador por paro indígena que lleva 18 días de protestas

QUITO (AP) — La agitación social escaló en Ecuador en medio de un paro convocado por la mayor organización indígena del país tras la reciente elevación del precio del diésel, poniendo al gobierno de Daniel Noboa frente a uno de los momentos de mayor tensión desde que asumió el poder en noviembre de 2023.

Sin diálogo entre las partes para poner fin al paro, que llevó 18 días, se registró un saldo de un indígena muerto, varios heridos de ambos lados y más de un centenar de detenidos.

Aunque el paro fue convocado a nivel nacional, su repercusión se centró en el norte del país, principalmente en la provincia de Imbabura, donde Noboa había ganado en mayo la segunda vuelta electoral con más del 52% de votos.

Por un lado, estaba "un presidente que asumió que tras ganar las elecciones tiene todo el poder a su disposición, que tiene rasgos autoritarios y sin actitud de diálogo", y por otro, "un sector indígena que se mostró intransigente y busca cogobernar a la fuerza", opinó Farid Simon, catedrático de la Universidad San Francisco de Quito.

La agresión del martes a la caravana presidencial en una zona de Los Andes empeoró el panorama. El gobierno denunció el hecho como una tentativa de asesinato del mandatario.

La organización indígena rechazó la acusación de intento de magnicidio y denunció a su vez "una brutal acción policial y militar en el punto de resistencia" contra "el pueblo movilizado".

Los dirigentes indígenas sostuvieron que sus protestas fueron pacíficas y que la violencia que se les atribuyó fue generada supuestamente por infiltrados con el fin de "criminalizar" al movimiento.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la más grande de su tipo, llamó a sus bases a movilizarse luego que el 12 de septiembre Noboa decretó la eliminación de un subsidio de 1.100 millones de dólares al diésel, un combustible de alto uso en el sector agrícola, pesquero y de transporte. La medida provocó el aumento del costo del galón de 1,80 a 2,80 dólares, lo que según dirigentes indígenas "golpó a los más pobres".

Con la entrega de bonos en efectivo, créditos y otros beneficios por parte del gobierno, las primeras señales de conflicto en las calles se disiparon, mientras que colectivos sociales y sindicalistas no lograron acogida a sus llamados a movilizarse.

La CONAIE rechazó una política de "dádivas" y convocó al paro.

Esa confederación indígena ha sido reconocida históricamente como un movimiento estructurado y fue protagonista de violentos levantamientos ocurridos en 2019 y 2022, que llevaron a los entonces presidentes, Lenín Moreno y Guillermo Lasso, al borde de la destitución.

"La CONAIE realizó actos de violencia que no corresponden a la reivindicación social", señaló el docente de la Universidad de Los Hemisferios, Daniel Crespo.

Crespo indicó que exigencias indígenas como la derogación del decreto de eliminación del subsidio, la reducción de un impuesto y la eliminación de la extracción minera pretendían "la imposición de su agenda política".

Desde el movimiento insistieron en que la lucha es por "una vida digna" para todos los ecuatorianos y en contra de la política económica y social de Noboa.

El presidente, político conservador y millonario de 37 años, cursó el primer año de su segundo mandato que asumió en mayo en medio de una violencia criminal incesante en el país, sobre lo cual basó su discurso para tomar medidas que fueron evitadas en anteriores gobiernos por su alto costo político.

Una de ellas fue la elevación del 12% al 15% de un impuesto de alta recaudación alegando la necesidad de recursos para enfrentar la criminalidad, lo que, desde sectores de oposición, no ha dado resultados concretos. A ello se sumó el despido masivo de miles de funcionarios públicos y la reestructuración del poder ejecutivo.

Ante la tensión social por lo que sectores indígenas y sociales consideraron como medidas de ajuste, el presidente optó por un discurso de mano dura que liga a los líderes con supuestas actividades de minería ilegal en las provincias donde el paro estaba siendo más conflictivo. Noboa negó la posibilidad de diálogo y reiteró que "a los que eligen la violencia, los espera la ley. A los que actúen como delincuentes, se los tratará como delincuentes".

Noboa gozaba hasta agosto —según empresas como Cedatos-Gallup— de una aprobación superior al 50%, colocándolo entre los mandatarios más populares de la región. Otras firmas hablaban de una imagen en descenso.

La muerte de un manifestante indígena y la actuación militar que quedó grabada en video —en la que se ve a militares agredir a un hombre que quiso auxiliar a la víctima— así como imágenes de la fuerza pública enfrentándose con comunidades indígenas generaron una ola de críticas y advertencias, incluso de organismos internacionales, sobre un "uso excesivo de la fuerza" y un pedido a las partes para que entablen el diálogo.

La Fiscalía dijo que inició de oficio la investigación sobre la muerte del comunero.

Crespo y Simon advirtieron del riesgo de una escalada violenta y mayor represión si, por otro lado, la población civil confrontase a los indígenas en las calles en caso de llegar a ciudades como la capital. Sería necesario acudir a una mediación, que podría asumir la iglesia y organizaciones civiles, coincidieron.