Tennessee pospone un año la ejecución de Tony Carruthers por problemas médicos

NASHVILLE, Tennessee, EE.UU. — La ejecución de Tony Carruthers, que estaba programada para este jueves en Tennessee, fue cancelada debido a complicaciones en el procedimiento, ya que las autoridades no lograron encontrarle una vena adecuada durante una hora, según relató una abogada presente en el momento. Ante esta situación, el gobernador Bill Lee decidió suspender la ejecución por un año.

La abogada de Carruthers, Maria DeLiberato, describió el momento como angustiante, afirmando que su cliente se encogía y gemía mientras los oficiales intentaban establecer la vía intravenosa. "Fue horrible presenciarlo", manifestó DeLiberato entre lágrimas al recibir la noticia de la suspensión.

En un comunicado, el Departamento de Correcciones de Tennessee informó que, aunque se logró establecer una vía intravenosa principal, no se pudo encontrar una vena adecuada para una vía de respaldo, lo que es un requisito del protocolo de ejecución del estado. Los intentos de colocar una vía central también fracasaron, lo que llevó a la cancelación de la ejecución.

Los abogados de Carruthers habían solicitado a un tribunal federal y a la Corte Suprema de Tennessee que detuvieran la ejecución, argumentando que los intentos fallidos de acceder a una vena constituyen un "castigo cruel e inusual".

Los problemas para llevar a cabo ejecuciones por inyección letal no son nuevos en Estados Unidos. En Idaho, en 2024, se intentaron ocho veces establecer una vía intravenosa para ejecutar a Thomas Creech, otro condenado, antes de que la ejecución fuese suspendida. Posteriormente, el gobernador de Idaho, Brad Little, firmó una ley que establece el pelotón de fusilamiento como método principal de ejecución.

En Alabama, la gobernadora Kay Ivey pausó las ejecuciones durante varios meses tras la cancelación de la inyección letal de Kenneth Eugene Smith en 2022, que fue la tercera vez que el estado enfrentó problemas similares desde 2018.

Tony Carruthers, de 57 años, fue condenado a muerte por los secuestros y asesinatos de Marcellos Anderson, su madre Delois Anderson, y Frederick Tucker en 1994. Su condena se basó principalmente en testimonios de testigos que afirmaron haberlo escuchado confesar, aunque no había pruebas físicas que lo vincularan a los crímenes.

Uno de los testigos era un informante de la policía que admitió haber recibido pago por su testimonio. Otro coacusado, James Montgomery, fue condenado a muerte junto a Carruthers, pero posteriormente fue liberado en 2015.

Las autoridades indicaron que Marcellos Anderson era un traficante de drogas y que Carruthers intentaba apoderarse de su negocio en el vecindario. Los abogados de Carruthers argumentaron que su cliente sufría de paranoia y delirios, lo que le impedía cooperar con su defensa, aunque el juez consideró que su comportamiento era deliberado.

Los abogados intentaron demostrar que Carruthers no era competente para ser ejecutado, alegando que creía que el gobierno lo estaba amenazando con la ejecución para forzarlo a aceptar un acuerdo de culpabilidad que solo existía en su mente. Carruthers está convencido de que sus propios abogados están conspirando en su contra y se niega a comunicarse con ellos.

La cantidad de ejecuciones en Estados Unidos aumentó de 25 en 2024 a 47 el año pasado, con un notable incremento en Florida, donde se llevaron a cabo 19 ejecuciones en 2025, frente a una sola el año anterior. Hasta el momento, en 2026, cuatro estados han ejecutado a 13 personas, y hay otras 11 ejecuciones programadas.

Tennessee reanudó las ejecuciones el año pasado tras una pausa de tres años, luego de que se descubriera que el estado no estaba analizando adecuadamente los fármacos de inyección letal. Una revisión independiente reveló que ninguno de los fármacos utilizados en las ejecuciones desde 2018 había sido sometido a pruebas completas, y el Departamento de Justicia admitió que algunos responsables testificaron incorrectamente sobre la supervisión de los químicos.