Tailandia promulga ley de amnistía que excluye a críticos de la monarquía y genera controversia

BANGKOK — Desde el lunes, una amnistía para delitos políticos cometidos en Tailandia durante las últimas dos décadas ha entrado en vigencia. Sin embargo, esta ley no incluye casos de lesa majestad o difamación de la monarquía, que son considerados entre los más graves.

La amnistía, diseñada para fomentar la reconciliación tras un periodo de inestabilidad política, protestas violentas y golpes militares, podría beneficiar a aproximadamente 6.000 personas, según estimaciones del Parlamento. No obstante, la exclusión de los delitos relacionados con la monarquía ha generado críticas, sugiriendo que la ley no abordará las divisiones políticas existentes.

La Ley de Promoción de una Sociedad Pacífica fue aprobada por los legisladores en julio y publicada en la Gaceta Real el domingo. Un comité liderado por el primer ministro será el encargado de determinar quiénes son elegibles para la amnistía, y se espera que la primera reunión de este comité se realice en un plazo de 30 días, aunque no hay claridad sobre la duración del proceso.

La ley abarca delitos políticos desde el 1 de enero de 2005 hasta el 15 de julio de 2025. No solo permitirá la liberación de los presos actuales, sino que también cerrará investigaciones, desestimará casos judiciales pendientes y eliminará antecedentes penales para quienes califiquen.

Aparte de los delitos de lesa majestad, la amnistía excluye también casos de corrupción y aquellos que resulten en muertes o lesiones graves.

La ley de lesa majestad, conocida como el Artículo 112 del Código Penal, ha sido objeto de controversia, dado que se ha utilizado para castigar acciones tan simples como dar "me gusta" a publicaciones en redes sociales. Cualquier persona puede presentar una denuncia, lo que con frecuencia lleva a detenciones prolongadas.

Las condenas por difamar a la monarquía pueden acarrear penas de hasta 15 años de prisión, y críticos argumentan que el Artículo 112 se ha usado para silenciar la disidencia política.

Las protestas pro-democracia lideradas por estudiantes que comenzaron en 2020 han pedido reformas a esta ley, pero sus participantes han sido blanco de su aplicación.

Según el grupo Thai Lawyers for Human Rights, más de 290 personas, en su mayoría activistas estudiantiles, han sido acusadas de violar el Artículo 112 desde 2020. Hasta julio, al menos 54 personas permanecen encarceladas por delitos políticos, y se estima que solo unos 10 podrían beneficiarse de la nueva amnistía, dado que los demás enfrentan cargos de lesa majestad.

La estructura del Estado tailandés sigue siendo conservadora, y su clase dirigente es muy sensible a cualquier amenaza percibida contra la monarquía. Los conflictos políticos han girado en torno a la figura del ex primer ministro Thaksin Shinawatra, derrocado en un golpe militar en 2006, cuyas políticas populistas generaron apoyo entre los votantes más pobres, pero también profundas divisiones con las élites urbanas y el ejército.