Suprema Corte de México posterga decisiones sobre prisión preventiva para nuevos ministros

La Suprema Corte de Justicia saliente postergó el martes dos decisiones contra la prisión preventiva oficiosa en México que ha sido criticada por organismos internacionales y dejó las controversiales sentencias en manos del nuevo alto tribunal que se instalará en septiembre.

En una reunión privada, los diez ministros del máximo tribunal acordaron por unanimidad no debatir en la sesión del martes dos proyectos de sentencia sobre la prisión preventiva oficiosa, dijo el martes a The Associated Press un funcionario de la Corte que habló en condición de anonimato porque no está autorizado para declarar. Se desconoce por qué los ministros tomaron esa decisión.

Ahora, los casos deberán ser abordados por los nueve ministros que fueron electos en junio por voto popular, quienes han sido identificados como cercanos al partido gobernante Morena.

En el proyecto de sentencia del ministro saliente Jorge Pardo Rebolledo se planteaba que México debía cumplir la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que declaró la inaplicabilidad de la prisión preventiva oficiosa y el arraigo, que permite la detención de una persona hasta 80 días sin que los fiscales presenten acusaciones penales.

Asimismo, se postergó la discusión del proyecto de la ministra saliente Ana Margarita Ríos Farjat que proponía la inconstitucionalidad de la reforma constitucional que amplió el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa.

En México existen dos formas de prisión preventiva: la que se declara de oficio con algunos delitos de forma obligatoria o automática, y la justificada que es cuando el fiscal la solicita a un juez por considerar que un presunto criminal es peligroso para la sociedad o podría evadirse de la justicia.

La prisión preventiva oficiosa está consagrada en la Constitución, pero la Corte IDH dictaminó en 2023 que viola la Convención Americana de los Derechos Humanos, una legislación que es de obligado cumplimiento para los países que la suscriben.

Diferentes instancias de la Organización de Naciones Unidas, como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y un Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, también han recomendado a México derogar la prisión preventiva oficiosa alegando que es incompatible con las normas internacionales sobre derechos humanos y lesiona los derechos a la libertad personal y el debido proceso.

Pese a las críticas de activistas y organizaciones humanitarias locales e internacionales, la presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido -- al igual que lo hizo su antecesor Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) -- la prisión preventiva oficiosa asegurando que es una herramienta necesaria para enfrentar la criminalidad y proteger a los jueces.

Pero especialistas estimaron que la política no resolvía el problema de violencia, y por el contrario generaba complicaciones en un país donde los juicios se alargan durante años y sólo dos de cada diez acusados son declarados culpables.

De acuerdo con cifras del Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Federal y Estatal del 2023, que realizó el gubernamental Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuatro de cada diez personas privadas de la libertad en México no tienen sentencia. De esa proporción, 36,7% son hombres y 46,9% mujeres.