Solicitan que se verifique la salud de la abogada de DDHH detenida en El Salvador

SAN SALVADOR — Este martes, familiares y la ONG Cristosal hicieron un llamado a las autoridades salvadoreñas para que se verifique la salud de la abogada defensora de los derechos humanos Ruth Eleonora López, quien se encuentra detenida desde hace un año bajo acusaciones de enriquecimiento ilícito.

La abogada, conocida por sus críticas al gobierno de Nayib Bukele, aguarda su juicio. Según lo informado por Cristosal, López fue trasladada e intervenida en un hospital de la capital salvadoreña, sin que sus familiares recibieran notificación sobre el motivo de su traslado, la naturaleza de la intervención médica ni su estado de salud actual.

La activista fue arrestada el 18 de mayo de 2025 en el marco de una supuesta investigación por peculado, y su situación legal se complicó cuando el Ministerio Público solicitó su procesamiento por enriquecimiento ilícito y prisión preventiva más de dos meses después de su detención.

En un comunicado, Cristosal subrayó que el proceso penal que enfrenta López ha sido declarado en reserva, y que se encuentra sometida a restricciones que son consideradas como políticas autoritarias del sistema penitenciario bajo el actual gobierno.

La oficina de prensa de la Casa Presidencial no ha emitido comentarios sobre la situación de la abogada, a pesar de las solicitudes de información.

Cristosal recordó que en septiembre de 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas cautelares a favor de López, al considerar que su situación es de "gravedad y urgencia", requiriendo al Estado salvadoreño adoptar medidas para garantizar la protección de sus derechos fundamentales.

La organización también destacó que el estado salvadoreño no ha cumplido con su deber de garantizar el derecho a la salud de López y que no ha proporcionado a su familia información clara y comprensible sobre su diagnóstico, tratamiento y pronóstico.

Cuando las autoridades la presentaron ante el juez, López expresó su deseo de tener un juicio público, reclamando su derecho a que la gente sepa que está siendo procesada por sus opiniones. En su momento, ocupaba el cargo de jefa de la Unidad Anticorrupción y Justicia de Cristosal, donde lideraba un equipo que ha documentado numerosos casos de corrupción gubernamental.

Desde que se implementó el estado de excepción en El Salvador en 2022, más de 91.900 personas han sido arrestadas por presuntos vínculos con pandillas, muchas de ellas sin condena, lo que ha generado preocupación por las violaciones a los derechos humanos.

Cristosal, una de las principales organizaciones de derechos humanos en el país, anunció su salida de El Salvador en julio de 2025 debido a la creciente represión y amenazas por parte del gobierno de Bukele.