Sheinbaum propone reforma constitucional y nuevo plan de seguridad en México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Claudia Sheinbaum, presidenta de México, presentó el martes una nueva estrategia nacional para abordar el creciente problema de la extorsión en el país. La iniciativa incluye una reforma constitucional y una ley general que permitirá a las autoridades perseguir de oficio este delito, sin depender exclusivamente de las denuncias de las víctimas.

En su conferencia matutina, Sheinbaum admitió el fracaso de las políticas de seguridad de su Administración para controlar la extorsión. Anunció que buscará modificar la Constitución para otorgar al Congreso la facultad de legislar sobre la extorsión, obligando a los 32 estados a unificar sus normativas.

Desde hace años, la extorsión afecta tanto a pequeños comerciantes como a grandes empresas en México, causando pérdidas millonarias. Esta situación ha sido reconocida por diversas entidades empresariales que alertan sobre el impacto negativo en la economía.

Datos proporcionados por la Secretaría de Seguridad federal revelan que, en el primer semestre de este año, la extorsión creció un 27,7% en comparación con el mismo periodo de 2019, convirtiéndose en el único de los once delitos de alto impacto que ha mantenido un crecimiento sostenido en ese lapso.

En su exposición, Sheinbaum destacó la importancia de que el Estado asuma la responsabilidad de perseguir a los extorsionadores, subrayando que se busca liberar a las víctimas de la carga de tener que presentar denuncias para que se inicien investigaciones. "Le estamos quitando ese peso a la víctima... La víctima es el Estado", afirmó la mandataria.

En el marco de esta nueva estrategia, el Gabinete de Seguridad anunció la creación de un número telefónico para recibir denuncias anónimas, la consolidación de unidades dedicadas al secuestro y la extorsión, y la cancelación inmediata de líneas telefónicas utilizadas para estos delitos. También se aumentarán los operativos en las cárceles para incautar teléfonos móviles que sean empleados por los internos para llevar a cabo extorsiones.

Las diferencias en la legislación sobre extorsión entre los 32 estados del país complican la lucha contra este crimen, según los especialistas. Los estados de Guanajuato, México, Nuevo León, Veracruz, Jalisco, Guerrero, Michoacán y la Ciudad de México concentran el 66% de los casos de extorsión, informó el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch.