Rodrigo Paz, presidente de Bolivia, enfrenta protestas con nueva ley de excepción

LA PAZ, Bolivia — Un día después de la sanción de una ley que establece un estado de excepción, el presidente Rodrigo Paz no ha activado aún esta medida para abordar la creciente ola de protestas que ha dejado a varias regiones del país en estado de paralización.

"Defenderemos la democracia con instituciones, con diálogo y con el respaldo del pueblo. No permitiremos que intereses narcoterroristas actúen para destruirla", escribió Paz en su cuenta de X el domingo.

La normativa vigente permite al gobierno declarar el estado de excepción por conmoción interna, ya sea en todo el territorio o en partes específicas, sin suspender las garantías ni los derechos fundamentales. Además, la ley exige que el presidente especifique el ámbito y la duración de la medida, y que el Congreso apruebe el decreto en un plazo de 72 horas.

La norma establece que el uso de la fuerza debe ser "proporcional, diferenciado y estrictamente necesario". Sin embargo, los esfuerzos de Paz por abrir canales de diálogo y facilitar "corredores humanitarios" para el abastecimiento de La Paz, en medio de una grave escasez de alimentos y combustible, no han logrado desactivar la situación, y los bloqueos carreteros continúan aislando a la capital.

Para el lunes, ya se han programado marchas hacia el centro de la ciudad. El mandatario ha instruido a las fuerzas de seguridad que eviten el uso de armamento, ante el temor de que se produzcan incidentes que podrían agravar el conflicto. Por su parte, los sindicatos que iniciaron las protestas, pidiendo mejoras salariales, se mantienen firmes en su demanda de la renuncia de Paz.

Los sectores empresariales y políticos han instado a que se implemente el estado de excepción para frenar las manifestaciones, que ya se extienden por 38 días, resultando en 10 muertes, la mayoría por falta de atención médica; además de 37 heridos y 365 detenidos, según el Defensor del Pueblo.

Los empresarios han reportado pérdidas que superan los 2.000 millones de dólares, con cientos de camiones bloqueados en las rutas. El sábado, la situación se tornó más violenta con enfrentamientos y ataques armados contra las fuerzas del orden, quienes intentaban despejar una carretera estratégica tomada por seguidores del expresidente Evo Morales.

Un total de 26 civiles y seis policías resultaron heridos, cuatro de ellos por disparos, y una comisaría fue saqueada. La policía también reportó la incautación de dinero y explosivos, y algunos líderes de las protestas han sido detenidos.

La Central Obrera Boliviana (COB) y el principal sindicato rural, impulsores de las manifestaciones, han exigido públicamente la liberación de los detenidos y la renuncia de Paz. Las protestas comenzaron en mayo, lideradas por la COB, a las que se unieron sindicatos campesinos, juntas vecinales de El Alto y seguidores de Morales.