Agenda de inmigración de Biden
01/07/2025 | 19:04
Redacción Cadena 3
WASHINGTON (AP) — El Departamento de Justicia de Estados Unidos activó un plan para revocar la ciudadanía de inmigrantes que cometen delitos o que representan un riesgo para la seguridad nacional, según un memorando que destaca la agenda de inmigración del gobierno de Donald Trump.
Las iniciativas para detectar y perseguir a aquellos que supuestamente mintieron al obtener su ciudadanía no son nuevas, pero han generado preocupaciones entre los activistas, quienes acusan al gobierno de intentar usar la ley de inmigración con fines políticos.
El plan ha recibido un aumento en la atención pública tras las declaraciones de un miembro republicano del Congreso, quien sugirió que Zohran Mamdani, el candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, debería ser desnaturalizado.
A continuación, se presenta un análisis sobre el proceso de desnaturalización y lo que implica el memorando del Departamento de Justicia:
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El gobierno estadounidense puede revocar la ciudadanía de un inmigrante naturalizado si este es condenado por fraude de naturalización o si se prueba, mediante procedimientos civiles, que obtuvo su ciudadanía de manera ilegal, manipulando su solicitud.
Por años, las acciones de desnaturalización se enfocaron en presuntos criminales de guerra que mintieron en sus documentos de inmigración, especialmente exnazis. Desde 1990 hasta 2017, el Departamento de Justicia presentó más de 300 casos de desnaturalización.
Una iniciativa conocida como Operación Janus, que comenzó durante la administración de Barack Obama, amplió este enfoque, tratando de identificar a personas que habían usado identidades diferentes para obtener residencia permanente o ciudadanía después de haber recibido órdenes de deportación.
Un informe del 2016 reveló que 315,000 archivos antiguos con huellas dactilares de inmigrantes deportados o con antecedentes penales no habían sido incorporados a una base de datos del Departamento de Seguridad Nacional. Este informe también determinó que más de 800 inmigrantes habían sido deportados bajo una identidad, mientras que se naturalizaron en base a otra.
El primer gobierno de Trump priorizó estas investigaciones, creando una unidad en el Departamento de Justicia enfocada en casos de desnaturalización. Sin embargo, el número de casos continuó siendo bajo debido a la falta de recursos, según Matthew Hoppock, un abogado que representa a implicados en estos casos.
El plan fue presentado en un memorando por Brett Shumate, el subsecretario de Justicia y director de la División Civil del Departamento de Justicia. Shumate indicó que el departamento priorizará casos de individuos que supongan un peligro potencial para la seguridad nacional, que cometan delitos violentos, que pertenezcan a pandillas o cárteles de drogas, e incluso quienes cometan fraudes en Medicaid y otros tipos.
El memorando destacó que los beneficios del proceso de desnaturalización permiten al gobierno revocar la ciudadanía de personas involucradas en crímenes de guerra, violaciones graves de derechos humanos, y eliminar a criminales naturalizados o a aquellos condenados por delitos que representen una amenaza para el país.
Hoppock mencionó que el memorando, en cierta forma, "abre las puertas" para que el gobierno pueda presentar más casos de desnaturalización si cuenta con recursos suficientes.
El amplio lenguaje del memorando permite que “cualquier delito, en cualquier momento, pueda justificarse como base para desnaturalizar”, manifestó Christopher Wellborn, presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Defensa Penal.
Wellborn añadió que no es complicado imaginar situaciones en las que el gobierno use acusaciones infundadas de pertenencia a pandillas o antecedentes penales para argumentar que la ciudadanía fue obtenida ilegalmente.
Algunos temen que el enfoque del gobierno genere miedo entre inmigrantes naturalizados. Elizabeth Taufa, abogada en el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes, comentó que cuanto más se enfatiza este enfoque, más se percibe como "vamos tras tu naturalización", lo cual tiene un efecto disuasorio en personas elegibles para naturalizarse.
Los críticos argumentan que la administración Trump utiliza la ley de inmigración para perseguir a individuos por su discurso, como en el caso del activista de la Universidad de Columbia, Mahmoud Khalil, quien ha enfrentado intentos de deportación tras participar en protestas pro Palestina.
Hoppock expresó preocupación respecto a si podrían iniciar revisiones de los archivos de inmigración de personas que no son del agrado del gobierno, sugiriendo que podría haber un uso indebido de estas acciones. La mayoría de los estadounidenses probablemente apoyaría la revocación de ciudadanía de aquellos que la hayan obtenido de forma fraudulenta, pero el temor radica en si se iniciarían revisiones sobre ciudadanos comunes por errores menores en su documentación.
El mes pasado, el Departamento de Justicia anunció la revocación de la ciudadanía de un hombre condenado por posesión de material de abuso sexual infantil. Este individuo, originalmente británico, se había naturalizado tras alistarse en el Ejército. En su solicitud, solo mencionó una multa por exceso de velocidad cuando se le preguntó si había cometido delitos.
Posteriormente, fue arrestado en Luisiana por cargos relacionados con material de abuso sexual infantil. Shumate declaró que las leyes diseñadas para facilitar la ciudadanía para los miembros valientes de las fuerzas armadas no protegerán a aquellos que obtuvieron su ciudadanía de manera fraudulenta al ocultar crímenes durante el proceso de naturalización.
“Si cometes delitos graves antes de convertirte en ciudadano y mientes sobre ello durante la naturalización, el Departamento de Justicia descubrirá la verdad y tomará acción”, concluyó Shumate.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
[Fuente: AP]
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